El exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», recobró su libertad después de 416 días preso por un pedido de extradición por narcotráfico de Estados Unidos, lo que allana el camino para que asuma su escaño en la Cámara de Representantes.
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Después de varios batallas jurídicas, el exguerrillero, que fue negociador del acuerdo de paz de La Habana, abandonó el búnker de la Fiscalía en Bogotá, a donde fue llevado el viernes 17 de mayo tras quedar libre por unos segundos de la cárcel La Picota.
La orden de libertad de Santrich la emitió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al señalar en una providencia que el exguerrillero tiene fuero a pesar de no haberse posesionado como congresista el pasado 20 de julio y «resolvió el restablecimiento de la libertad de Hernández Solarte».
Ante esta decisión, el exlíder de la antigua guerrilla abandonó la Fiscalía en compañía del senador de izquierdas Iván Cepeda en medio de un fuerte esquema de seguridad que lo transportó hasta la sede del partido político en que se convirtió las FARC tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno el 24 de noviembre de 2016.En el edificio, compañeros lo esperaban con pancartas en los que se leían los mensajes «Libertad para Santrich» y «Santrich es dignidad», al igual que arengas como «para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó».
«Pienso que, ahora más que nunca, es necesario juntar afectos, juntar amor al lado de la rebeldía, para derrotar los odios. No vengo en una actitud de vindicta ni de reclamos, sino de justicia, de justicia no solamente personal sino social», afirmó Santrich en una rueda de prensa.
Santrich, quien salió a un balcón acompañado de militantes y adornado con banderas de la FARC, agregó que llega con un mensaje «de optimismo y de esperanza en la construcción de la paz», la cual considera que es una obligación consolidar, aunque «parece esquiva».
Pese a quedar en libertad, las autoridades no han determinado su inocencia en los hechos que se le investigan, pues la CSJ recibió de la Fiscalía los expedientes en los que reposan las pesquisas por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
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Ante esto, el exjefe de las FARC afirmó tener la voluntad de «comparecer a todos los llamados que está honorable corporación» le haga para, según él, esclarecer las acusaciones por las que «injustamente» se le investiga.»Tendré la disposición de siempre acudir a los requerimientos que la sala penal de instrucción a bien disponga. Yo soy la persona más interesada en que este proceso se clarifique para demostrar mi inocencia y se investigue realmente a los que han delinquido violando la legalidad y la soberanía de la nación», señaló Santrich en una carta dirigida al alto tribunal y que firmó como congresista.
Santrich aún no ha ocupado uno de los diez escaños en el Congreso, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, que le fueron adjudicados a la antigua guerrilla en virtud del acuerdo de paz, pues no se pudo posesionar el 20 de julio de 2018 por estar detenido desde tres meses antes.
Sobre su posible llegada a la Cámara, resaltó que su «plan de lucha» es tanto fuera como dentro del hemiciclo y dijo que su suerte en el Congreso «queda en manos de mi partido y es mi partido en que manera lo voy a hacer».
La puesta en libertad de Santrich trascendió al plano internacional con la reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos, que a través de su portavoz, Morgan Ortagus, afirmó que fue una «decisión lamentable» y agregó que «un recurso es esencial y urgente».
«Tenemos una relación muy profunda con Colombia y, como ocurre con cada democracia próspera, respetaremos esa decisión de la corte», subrayó Ortagus, quien sentenció que su país cumplió con los requisitos exigidos para la extradición.
Estados Unidos ha insistido en que Santrich conspiró para enviar a ese país 10 toneladas de cocaína después de la firma del acuerdo de paz y por tal razón lo pide en extradición.
Con la libertad de Santrich se pone parcialmente fin a un laberinto jurídico que se inició el 9 de abril del año pasado con la captura de Santrich y que pasó por la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía y que ahora reposa en los despacho de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tiene ahora la potestad para investigarlo y determinar si es culpable o inocente.
