El exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich«, recobró este jueves su libertad después de 416 días preso por un pedido de extradición solicitado por Estados Unidos por supuesto narcotráfico, con lo cual allana el camino para asumir su escaño en la Cámara de representantes.
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Después de una batalla jurídica que aún no termina, el exguerrillero, que hizo parte del equipo negociador del acuerdo de paz de La Habana, abandonó este jueves el búnker de la Fiscalía en Bogotá, a donde fue llevado el viernes 17 de mayo tras quedar libre por unos instantes de la cárcel La Picota.
La orden de libertad de Santrich la emitió ayer la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que consideró que el exguerrillero goza de fuero como legislador a pesar de no haber asumido su escaño como congresista el pasado 20 de julio y «resolvió el restablecimiento de la libertad de Hernández Solarte».
Superados los trámites burocráticos de rigor, Santrich salió de la Fiscalía en compañía de los senadores Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, y Pablo Catatumbo del partido FARC, en medio de un fuerte esquema de seguridad que despistó a los periodistas que desde ayer esperaban su libertad.
En la sede de su partido fue recibido por simpatizantes con pancartas en las que se leían los mensajes «Libertad para Santrich» y «Santrich es dignidad», al igual que arengas como «para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó».
«Pienso que, ahora más que nunca, es necesario juntar afectos, juntar amor al lado de la rebeldía, para derrotar los odios. No vengo en una actitud de vindicta ni de reclamos, sino de justicia, de justicia no solamente personal sino social», afirmó el recién liberado en una rueda de prensa.
Santrich, quien se asomó a un balcón acompañado de militantes con banderas de la FARC, agregó que llega con un mensaje «de optimismo y de esperanza en la construcción de la paz», la cual considera que es una obligación consolidar, aunque «parece esquiva».
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Pese a quedar en libertad, su proceso sigue abierto pues la CSJ recibió de la Fiscalía los expedientes en los que reposan las pesquisas por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
Ante esto, el exjefe de las FARC dijo tener la voluntad de «comparecer a todos los llamados que está honorable corporación» le haga para, según él, esclarecer las acusaciones por las que «injustamente» se le investiga.
«Yo soy la persona más interesada en que este proceso se clarifique para demostrar mi inocencia y se investigue realmente a los que han delinquido violando la legalidad y la soberanía de la nación», señaló en una carta dirigida al alto tribunal y que firmó como congresista, cargo que se espera asuma en breve.
Santrich aún no ha ocupado uno de los diez escaños en el Congreso, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, que le fueron adjudicados a la antigua guerrilla en virtud del acuerdo de paz, pues no se pudo posesionar el 20 de julio de 2018 por estar detenido desde el 9 de abril por la solicitud de extradición de EE.UU.
Sobre su posible llegada a la Cámara de Representantes, resaltó que su «plan de lucha» es tanto fuera como dentro del hemiciclo y que su suerte en el Congreso «queda en manos» del partido FARC, que es el que decidirá su futuro.
La puesta en libertad de Santrich trascendió al plano internacional y sobre el caso se pronunció el Departamento de Estado de EE.UU., que por medio de su portavoz, Morgan Ortagus, afirmó que fue una «decisión lamentable» para la cual «un recurso es esencial y urgente».
«Tenemos una relación muy profunda con Colombia y, como ocurre con cada democracia próspera, respetaremos esa decisión de la Corte», subrayó Ortagus, quien afirmó que su país cumplió con los requisitos exigidos para la extradición.
Estados Unidos ha insistido en que Santrich conspiró para enviar a ese país 10 toneladas de cocaína después de la firma del acuerdo de paz del 24 de noviembre de 2016 y por tal razón lo pide en extradición.
La situación jurídica de Santrich ha sido motivo de discrepancias entre el Ejecutivo del presidente Iván Duque, que al igual que la Fiscalía defiende su extradición, y el Poder Judicial que por medio de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia ha fallado en favor del exjefe de las FARC.
