El presidente, Iván Duque, aseguró que su Gobierno tiene «tolerancia cero» con las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, luego de que el diario The New York Times revelara que el Ejército pone en riesgo la vida de civiles con exigencias a los militares de mejores resultados en sus operaciones.
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«La instrucción ha sido cero tolerancia con cualquier conducta que sea violatoria de la ley y de la Constitución, cero tolerancia con cualquier circunstancia que deshonre el uniforme de la patria», manifestó Duque este sábado en Pasto, capital del sureño departamento de Nariño, donde llevó a cabo uno de sus Talleres Construyendo País.
Duque hizo el comentario después de escuchar las explicaciones que su ministro de Defensa, Guillermo Botero, dio en público sobre el artículo publicado hoy por el diario neoyorquino, en el que asegura que el Ejército colombiano ha ordenado a sus soldados duplicar el número de criminales y guerrilleros muertos para mostrar mejores resultados.
El diario, que revisó órdenes escritas y entrevistó a altos oficiales, señaló que el Gobierno colombiano está ejecutando «otra encarnación» de los llamados «falsos positivos», como se conoce al escándalo de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate.
«La política de seguridad y defensa para recuperar la legalidad tiene como área transversal el respeto por los derechos humanos», dijo por su parte el ministro de Defensa.
Botero consideró que «el artículo está lleno de inconsistencias» en cuanto a fechas, informes y unidades militares citadas, y que en vista de que «se informa o se insinúa que hay servidores de la fuerza pública que consideran que recibieron una orden que eventualmente ha podido ser ilegal», pidió a la Fiscalía General que realice las investigaciones del caso.
Según el ministro, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, recibió hace unos días una solicitud de un periodista de The New York Times, a quien «se le entregó la totalidad de la información que requirió».
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Sin embargo, asegura que al ver hoy el texto publicado por el periódico, «observamos que nada de lo que allí se dijo fue tenido en cuenta para elaborar ese artículo».
«Lo cierto es que nosotros tenemos unas amenazas sumamente serias y se le ha pedido a la fuerza pública que actúe en consecuencia frente a esas amenazas que han venido surgiendo de manera creciente entre algunos grupos armados organizados como el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que ese está replegando hacia Venezuela para poder atacarnos más», afirmó Botero.
Tanto el presidente como el ministro se refirieron también al asesinato del exguerrillero de las FARC Dimar Torres, perpetrado el 22 de abril en una zona rural de Convención, municipio de la convulsa región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
El caso generó una controversia porque según dijo en su momento Botero, Torres falleció al recibir un disparo accidental durante un forcejeo por parte del cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo, a pesar de que para la comunidad se trató de una ejecución extrajudicial.
«No se puede decir que las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia están con personas que deshonran el uniforme, todo lo contrario», manifestó Duque quien añadió que los propios integrantes de esas instituciones tienen «el deber de denunciar».
«Porque esos casos de crímenes o de violaciones de derechos humanos que son manzanas podridas hay que enfrentarlos con toda la determinación», añadió el mandatario.
Según el ministro, la instrucción que su despacho ha dado a militares y policías es que «lo más importante es el respeto por los derechos humanos y la observancia completa del Derecho Internacional Humanitario» en la política de seguridad y defensa nacional.
Siguiendo esa línea de actuación, dijo que ayer se ordenó la captura del teniente coronel del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita, por el supuesto «encubrimiento» del asesinato del exguerrillero Torres en Convención.
«Esta persona (Pérez Amézquita) fue llamada a calificar servicios con todos los sustentos jurídicos necesarios. Actuamos con transparencia y con firmeza», concluyó Botero.
EFE
