La embajada lo dejó claro en un comunicado. Estados Unidos prácticamente regañó a Colombia por no enviar extraditado a Santrich.
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La embajada de Estados Unidos en Colombia lamentó la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de aplicar la garantía de no extradición al exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», requerido por ese país por narcotráfico.
«Consideramos esta decisión lamentable, ya que Estados Unidos cumplió con los requisitos de extradición establecidos con Colombia y nuestro pedido estableció que los delitos de los cuales se acusa al señor Santrich se produjeron después del 1 de diciembre de 2016», afirmó la embajada en un comunicado.
La JEP aplicó la garantía de no extradición a Estados Unidos a Santrich alegando que «las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización» y ordenó a la Fiscalía su «libertad inmediata».
La delegación diplomática en el país señaló que el Gobierno de EE.UU. «toma nota» de la decisión de la JEP y consideró «que una apelación es esencial y urgente».
«El Gobierno de Estados Unidos entiende que existe un proceso de apelación sobre la decisión de la JEP. Como Estado requeriente de la extradición, Estados Unidos considera que una apelación es esencial y urgente», agregó.
De igual forma, la embajada afirmó que «ninguna parte de estos hechos en desarrollo, ni posibles decisiones en el futuro» van a cambiar la acusación que hizo un tribunal del Distrito Sur de Nueva York a Santrich por presuntamente conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país entre junio de 2017 y abril de 2018.
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Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por parte de la Fiscalía colombiana, acusado por EE.UU. del delito de narcotráfico, delito que según el ente acusador cometió después de la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016.
«La Embajada subraya la importancia y lo esencial de la relación de extradición entre Colombia y Estados Unidos, que ha promovido los intereses de la justicia en ambas naciones durante décadas», concluyó.
La decisión de la JEP desató una crisis jurídica en el país tras la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal, María Paulina Riveros, ahondando la polarización política existente en torno al acuerdo con las FARC.
El presidente Iván Duque afirmó ayer que «el Gobierno Nacional respeta la Constitución y, por ende, la separación de poderes. No obstante, compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la JEP de ordenar la libertad del sindicado», dijo.
Entre tanto, el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, manifestó ayer que Martínez y Riveros «son grandes patriotas que promovieron el Estado de derecho en Colombia y abogaron por nuestra vibrante y productiva cooperación judicial bilateral».
Estados Unidos prácticamente regañó a Colombia en un comunicado.
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