La situación de los magistrados Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, de la Corte Constitucional, y Eyder Patiño, de la Corte Suprema de Justicia, se convirtió en un escándalo político. Los juristas de las altas cortes quedaron sin visas para Estados Unidos en medio de la polémica. Aunque el Gobierno trató de bajar el impacto al impase, las visas a magistrados podrían convertirse en una seria piedra en el zapato por la posible presión que realizaría el gobierno norteamericano a las Cortes.
PUBLICIDAD
Ayer, la magistrada Diana Fajardo se reunió con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Esto habría permitido que recuperara el permiso migratorio, tal como habría ocurrido con Lizarazo. Para esto, ambos habrían entregado documentación que revelaría que ninguno tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana.
La embajada aseguró a distintos medios que todo el tema de visados se basa en las leyes y normas de su país. También aclaró que “los expedientes de visas son confidenciales”, por lo que no discute casos individuales.
El Gobierno, en cabeza del canciller Carlos Holmes Trujillo, afirmó que “es defensor de la independencia de poderes como principio fundamental de nuestra democracia y nuestro ordenamiento constitucional. (…) Asimismo respeta la soberanía de los Estados en materia migratoria y su competencia para otorgar y retirar visas”. Esta declaración fue interpretada ampliamente como una forma de calmar los ánimos.
¿Intervención ilegal?
Los tres magistrados afectados con esta decisión de Estados Unidos tienen la responsabilidad de decidir en temas como las objeciones a la JEP y la extradición de Jesús Santrich. Por esto, para especialistas como el docente de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo, los temores de una presión deben ser tomados en serio.
“No es anodino que justamente a tres magistrados que tuvieron posiciones tan marcadas en el tema de la justicia transicional se le hubiera retirado abruptamente las visas. En este caso es extraño, atípico y podría ser leído como una forma de tomar partido”, dijo Jaramillo a Caracol Radio.
PUBLICIDAD
Por su parte, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla rechazó estas acusaciones contra el gobierno de Estados Unidos. “Me resisto a creer que estén utilizando el tema de las visas para presionar decisiones judiciales”, dijo a La FM.
Tal vez la mayor preocupación es que la presión de las visas a magistrados ya se habría visto previamente con el representante a la Cámara John Jairo Claros. El congresista reveló el 17 de abril que el entonces embajador Kevin Whittaker le había propuesto a él y otros representantes, en un desayuno, votar a favor de las objeciones de la JEP. La embajada también le retiró la visa al representante.
El escándalo terminó provocando que se pidiera protección para los magistrados de las altas cortes y la JEP. Una carta del grupo Defendamos la Paz a la ONU pidió que la entidad adelante medidas para protegerlos. En la carta se resaltó, además de las visas a magistrados, las interceptaciones que se han adelantado a los juristas y la solicitud a la Comisión de Acusación de la Cámara de investigar a la presidenta de la JEP, Patricia Linares.
