El Tribunal Administrativo de Chocó, departamento del que hace parte Bojayá, indicó en un fallo que «se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual del Estado (…) de los hechos acaecidos el 2 de mayo del 2002, que trajeron consigo el desplazamiento de la población y la muerte de varias personas».
Razón por la cual, el Estado fue condenado a pagar 312.564 millones de pesos por el desplazamiento que se generó en la masacre en 2002 en el municipio de Bojayá.
Los hechos, aclaró el tribunal, se generaron por la «omisión de las entidades demandadas en dispensarle seguridad y protección a los habitantes, y en tanto no reaccionaron positiva y activamente frente a los avisos de posibles desplazamientos, saqueos y muertes».
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El 2 de mayo de 2002, las FARC lanzó un cilindro bomba que estalló en una iglesia católica. Allí, se encontraban escondidos los lugareños. Ese ataque mató a 79 personas, entre ellas 48 niños, y dejó a más de 100 heridas.
La responsable de la masacre, que provocó el desplazamiento de 1.195 personas, es la hoy desmovilizada guerrilla. Sin embargo, el Tribunal determinó que el Estado debía proteger a los pobladores luego de ese hecho.
Además, recordó que 10 días antes de la masacre se sabía que el enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares era inminente. Por eso, el Estado debió enviar tropas para evitar lo que finalmente ocurrió.
«Sin duda, la ausencia estatal facilitó la presencia de dichos grupos en esa región y la materialización de los actos violentos»
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