Más de seis mil hectáreas de tierras baldías del Vichada que habían sido entregadas de forma irregular al Representante a la Cámara por ese departamento, Gustavo Londoño, volverán a ser parte de la nación, según ordena un fallo del Tribunal Superior Judicial del Meta.
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El fallo responde a una acción de tutela interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad encargada de administrar y proteger las tierras de la nación, contra una sentencia de una jueza de Puerto Carreño que le entregaba la propiedad de esas tierras al congresista.
Tras el fallo, la ANT deberá iniciar un proceso administrativo agrario de recuperación de un baldío indebidamente ocupado, según explicó un vocero de esa entidad.
La acción judicial se dio tras la publicación de una investigación periodística de La Liga Contra el Silencio que expuso cómo el actual representante y un socio, el empresario Nicolás Laserna Serna, se habían apropiado de manera irregular de tierras que solo podían ser asignadas por el Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, a campesinos sin tierra.
La investigación también reveló cómo la jueza Derlis Vega Perdomo desconoció los procedimientos para una demanda de tierras que debió presumir baldías y pasó por alto jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional. También cómo, durante la visita de inspección al predio, gozó de favores de los interesados.
El fallo del Tribunal anula el título de propiedad concedido al congresista y su socio sobre el predio conocido como “Buenavista” y la matrícula inmobiliaria correspondiente inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos.
“Como máxima autoridad de tierras del país en la ANT nos corresponde salvaguardar integralmente la legalidad, como fundamento de la estabilidad jurídica y la garantía de que los predios de la Nación y el ordenamiento social de la propiedad deben ser manejados en forma rigurosa y con absoluta transparencia”, dijo en reacción al fallo Myriam Martínez Cárdenas, directora de la ANT, en un comunicado.
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Según el Tribunal Superior, la Jueza Vega Perdomo incurrió en un “evidente desconocimiento del precedente jurisprudencial” y señala al Procurador Ambiental y Agrario, Alberto Rivera Balaguera, de “inercia o precariedad en la actividad adelantada”.
En el fallo, firmado por los magistrados Alberto Romero, Hoover Ramos y Rafael Albeiro Chavarro, se ordena remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, “con miras a que se adelanten las investigaciones a que haya lugar en contra de la señora Jueza y del señor Procurador Ambiental y Agrario que se vinculó dentro del trámite del proceso objeto de revisión constitucional”.
Contra el fallo del tribunal, el representante Londoño y el empresario Laserna pueden interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema, para que revise la decisión. Si la Corte la ratifica, es la última instancia.
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