Un tribunal de Barranquilla ordenó el embargo o «secuestro» del tesoro del galeón español San José, hundido por corsarios ingleses cerca de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, al responder una apelación de una compañía de EE.UU. que reclama los derechos sobre el 50 % de la carga.
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Así lo informó el Tribunal Superior de Barranquilla en un fallo que fue divulgado este lunes, en el que revoca una determinación de octubre de 2017 y mantiene «la medida cautelar de secuestro decretada por providencia del 12 de octubre de 1994».
En su fallo, el tribunal precisa que revoca «el auto de fecha 31 de octubre de 2017 proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla dentro del proceso verbal (…) promovido por la sociedad Sea Search Armada (SSA) contra la nación».
En dicho auto el juzgado «resolvió levantar la medida cautelar de secuestro dentro del proceso», frente a la cual la empresa cazatesoros estadounidense SSA realizó una apelación.
Sea Search Armada reclamó en 1989 «el 100 por ciento de los bienes de valor económico, histórico, cultural o científico que tuvieran la calidad de tesoros para el caso de lo que se encontrara en la plataforma continental» o dentro de las coordenadas que habían quedado consignadas en un reporte confidencial de 1982.
Un juez de Barranquilla determinó en 1994 que los tesoros corresponderían en un 50 % a Colombia y en otros 50 % a la compañía estadounidense.
Sin embargo, el hallazgo del San José fue anunciado el 4 de diciembre de 2015 por el anterior presidente colombiano, Juan Manuel Santos, cuyo Gobierno puso en marcha una licitación con empresas extranjeras para extraer el pecio del fondo del mar.
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La licitación preveía un porcentaje de la valiosa carga de metales preciosos que llevaba el navío como parte de pago por ese trabajo.
El Gobierno del presidente Iván Duque, sucesor de Santos, ha postergado en varias ocasiones los plazos para la contratación de la empresa que recuperará el galeón, el más reciente de los cuales venció el pasado 10 de marzo.
La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró este lunes que el Gobierno no permitirá que el tesoro del galeón acabe en anticuarios del mundo.
«Nuestra historia y el legado de nuestros antepasados no terminará convertido en bienes para negociar por anticuarios, coleccionistas ni cazatesoros del mundo entero», afirmó Ramírez en Bogotá.
La vicepresidenta añadió que la Constitución colombiana «impone el compromiso de defender el patrimonio de todos los colombianos y el Gobierno del presidente Iván Duque no ahorrará esfuerzos en esta labor».
Colombia cuenta con una Ley, la 1675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto «proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido».
Según dicha ley forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas «las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio».
Esa ley recoge sin embargo que «no se considerarán patrimonio cultural sumergido» las «cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas», así como los «bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes».
Además incluye la posibilidad de hacer una alianza público-privada para que una compañía cazatesoros recupere el pecio y obtenga una compensación de «hasta el 50 % del valor de los bienes (en este caso, en el galeón) que no constituyan patrimonio cultural de la nación».
El San José, cargado de oro del virreinato de la Nueva Granada, plata de Perú y piedras preciosas, se fue a pique el 8 de junio de 1708 tras ser alcanzado por cañonazos de corsarios ingleses.
