El presidente Iván Duque pidió a la Corte Constitucional «una modulación de la sentencia» que regula el uso del glifosato. También instó a que se haga un «uso integral de las herramientas» para combatir el narcotráfico.
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«Mi solicitud respetuosa es que haya una modulación de la sentencia. Una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos ilícitos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medioambiente», manifestó Duque a los magistrados del alto tribunal.
El mandatario señaló que la discusión «no se centra en el herbicida» sino en la afectación del narcotráfico en los derechos económicos, el medioambiente y la seguridad, entre otros aspectos.
Duque, quien ha manifestado que podría retomar las aspersiones con el herbicida siguiendo los parámetros de la sentencia de 2017 de la Corte Constitucional, señaló durante su intervención que en su Gobierno se ha «acatado el fallo» y que están «listos a dar el paso siguiente».
El mandatario aseveró que desde 2013 al 1 de agosto del año pasado «el país tuvo el más rápido crecimiento de su historia en cultivos ilícitos», pues las hectáreas sembradas se quintuplicaron.
Detalló que en 1993, cuando empezó el registro de cultivos ilícitos, Colombia contaba con cerca de 50.000 hectáreas dedicadas a la siembra de coca principalmente, índice que aumentó a 180.000 en 1999 y se redujo a poco menos de 60.000 en 2012, lo cual calificó como «algo sin precedentes».
La reducción de la cifra «implicó la combinación de herramientas, entre esas herramientas» como el desarrollo rural alternativo, la erradicación manual de plantaciones de coca «y desde luego estaba también de por medio el uso de la aspersión aérea siguiendo estrictos protocolos», acotó.
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Asimismo, resaltó que la expansión de los cultivos implica amenazas a la economía legal de Colombia, pues «también entraña un negocio que puede estar trayendo al país de manera indebida cerca de 14.000 millones de dólares» a través del contrabando, el lavado de activos y la distorsión económica, entre otras.
El jefe de Estado señaló también que el medioambiente se ve afectado por el narcotráfico, pues para esa actividad se emplean 4,1 millones de litros de ácido sulfúrico que llegan a las selvas tropicales colombianas para producir cocaína.
«Poco se habla además de los tres millones de litros de amoniaco, poco se habla de los 248.000 litros de ácido clorhídrico y poco se habla de los 102 millones de galones de gasolina o los 1,4 millones de sacos de cemento que se utilizan para la cadena criminal de la producción de cocaína», detalló.
Además, afirmó que el narcotráfico afecta la seguridad de los ciudadanos, pues ha permitido que diferentes grupos armados aumenten su presencia en el país.
«Lo que ha venido ocurriendo con los líderes sociales nos duele a todos los colombianos porque amenaza nuestra democracia (…) en municipios donde hay más presencia de cultivos ilícitos se ha generado mayor presencia de crímenes y amenazas contra líderes sociales», señaló.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento de los tratados antidrogas, señaló el martes pasado que los cultivos de coca en Colombia suben «constantemente desde 2013, de las 48.000 hectáreas registradas hasta las 171.000 en 2017».
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