Los magistrados de la Corte Constitucional prepararon cuestionarios a los ministros del Gobierno durante la audiencia sobre glifosato de hoy. Las preguntas de los magistrados no fueron respondidas satisfactoriamente por los altos funcionarios. Estos intentaron responder, pero sus afirmaciones no fueron suficientes para responder las dudas de los altos jueces.
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Así lo planteó en un principio el magistrado Alejandro Linares. Inquirió al ministro de Defensa, Guillermo Botero sobre el costo de erradicar cultivos ilícitos con glifosato. El magistrado aseguró que este costo era de 100 millones de pesos por hectárea mediante la vía aérea. Aunque Botero afirmó que el costo sería de 2 millones por hectárea, su respuesta no satisfizo a Linares.
Peor le fue al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe. No pudo responder al magistrado ponente Alberto Rojas Ríos si el Gobierno contaba con un estudio concluyente que demostrara que el glifosato no deteriora la salud humana.
Uribe tuvo que desviarse para explicarle al magistrado Rojas que se contaba con «distintos puntos de vista con distintos poder de conclusiones», según W Radio. La pregunta del juez de la Corte Constitucional planteaba verificar un informe específico de la OMS.
Lo mismo ocurrió con el titular de la cartera de ambiente, Ricardo Lozano. Tampoco pudo responderle a la magistrada Diana Fajardo sobre el impacto del herbicida en otros seres vivos. Lozano propuso medir, a través de la ANLA, el impacto en flora y fauna posterior a la fumigación.