El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, le pidió este miércoles al presidente Iván Duque no hacer objeciones a la ley estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que ya fue aprobada por el Congreso y la Corte Constitucional.
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Así lo aseguró el jefe del Ministerio Público en una carta de seis páginas enviada a Duque en donde además le solicita que apruebe dicha ley.
Para Carrillo «no es admisible la formulación de objeciones presidenciales en este momento de trámite legislativo, sin perjuicio de que con posterioridad se formulen debates de política pública en relación con la materia regulada, que puedan derivar en ajustes o actualizaciones de dicho estatuto».
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, reconoció ayer que el «Gobierno está analizando la posibilidad de unas objeciones» a esta ley aunque no detalló lo que podría objetar Duque.
En la misiva Carrillo considera que no aprobar la ley puede generar un riesgo para la seguridad jurídica del acuerdo de paz con las FARC, ahora convertida en partido político y que ya participó en unas elecciones presidenciales el año pasado.
«Contemplar la opción de objetar una Ley Estatutaria luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional puede generar un riesgo para la seguridad jurídica, que precisamente quiso evitar el Constituyente al prever un esquema especial de control que lograra mayor estabilidad para esa clase de normas», dijo Carrillo.
El procurador también recuerda en la misiva la necesidad de que haya garantías para las víctimas porque es «la razón esencial en que se soporta la estructura normativa relacionada con el acuerdo de paz y su implementación es la defensa, garantía y efectividad» de esos derechos.
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A propósito de las posibles objeciones que Duque podría hacer, sectores políticos, la Fiscalía e incluso la misma JEP han expresado sus puntos de vista acerca de la conveniencia o no de que el jefe de Estado firme la ley estatutaria o deje de hacerlo, decisión que debe conocerse, como máximo, el próximo 11 de marzo.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, envió una carta al presidente Duque en la que expresó sus preocupaciones sobre la ley estatutaria.
En ella Martínez cuestionó que los reinsertados que sigan cometiendo delitos graves, como secuestro y narcotráfico, podrían seguir gozando de los beneficios de la jurisdicción especial.
Ese marco jurídico, según el fiscal Martínez, también permitiría eximir de toda responsabilidad penal a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y no sean considerados máximos responsables.
Sobre las preocupaciones expresadas por Martínez, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, aseguró este martes que «lo que se está abriendo es un debate político, que ya se dio en el Congreso».
Al referirse a los temores expresados por el fiscal con respecto a la eventual impunidad, Linares aseguró que «precisamente la jurisdicción fue diseñada para garantizarles a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que no habrá tal y que se sancionará a quienes hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Su principal función es administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que hubieran tenido lugar antes del 1 de diciembre de 2016.
