El diario español ABC indicó la posibilidad de que el tesoro del Galeón San José, en mora de ser excavado del fondo del mar Caribe, se reparta entre los gobiernos de Colombia y España. El tesoro sería rescatado por ambos gobiernos y se repartiría «amigablemente».
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ABC citó al ministro de Exteriores del gobierno español, Josep Borrell, sobre el convenio. El canciller ibérico habría negociado este acuerdo con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, encargada por el presidente Iván Duque para los asuntos relacionados con el galeón. Este convenio se habría negociado en noviembre, durante la Cumbre Interamericana de Guatemala.
«Nosotros proponemos un consorcio entre Colombia y España para que nuestros científicos lo hagan conjuntamente», dijo Borrell. Este convenio implicaría que se caiga la posibilidad de una alianza público privada (APP) para extraer el tesoro. En febrero reinicia la licitación de la APP, para la cual solo se ha presentado la compañía suiza que descubrió el naufragio.
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De aprobarse el convenio, España ofrece su «tecnología submarina» para extraer el tesoro del Galeón San José. También se daría un «acuerdo de asesoría técnica y académica con Colombia». Estos términos son similares a los negociados por Juan Manuel Santos tras el descubrimiento del naufragio.
Borrell destacó lo que sucederá con el tesoro del galeón, que reposa a varias millas de Cartagena. «Repartiremos amigablemente las consecuencias históricas y culturales del hallazgo y hablaremos del futuro de lo que nos encontremos», remató.
Un documento publicado por ABC apunta al mecanismo para legalizar la repartición del tesoro. «La República de Colombia reconoce los derechos e intereses del Reino de España que se derivan de la condición de Buque de Estado del Galeón San José, a su condición de tumba submarina de 600 marinos españoles caídos en el cumplimiento del deber durante el combate naval de 1708″, dice.
Según El Espectador, esto equivaldría a «darle un cheque en blanco a España» con el tesoro del galeón San José. Un argumento para asegurar la propiedad colombiana del naufragio era impedir declararlo un buque de Estado. Con este convenio, el barco hundido en 1708 vuelve a la polémica. Depende de Marta Lucía Ramírez, quien no se ha pronunciado, proteger los intereses colombianos.