El Gobierno colombiano aseguró que el equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio fue asesinado por un grupo disidente de las FARC porque el Ejecutivo ecuatoriano se negó a canjear a los reporteros por tres personas que tenía bajo su custodia.
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La directora nacional contra el crimen organizado de la Fiscalía General, Claudia Carrasquilla, anunció ese hallazgo durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que celebra en Washington su 170 periodo de sesiones.
Carrasquilla explicó que, a raíz de unos interrogatorios, las autoridades colombianas han concluido que el guerrillero Walter Patricio Arizala, alias «Guacho» y disidente de las FARC, decidió asesinar a los periodistas porque Ecuador se negó a intercambiarlos por unos presos que tenía bajo su custodia.
«Nosotros concluimos que el homicidio no ocurre por su función como periodistas», explicó Carrasquilla,
«En los interrogatorios que ya recibimos de los integrantes de la organización delincuencial, claramente han manifestado que la muerte sobreviene en razón a la negativa del Gobierno ecuatoriano de canjear tres presos que tenían por los atentados de Lorenzo con los periodistas secuestrados», dijo.
«Y esa -continuó- es la razón por la cual ‘Guacho’ dio la orden de ejecutarlos».
En abril, la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de Ecuador ya había dicho que las autoridades ecuatorianas habían valorado la posibilidad de efectuar un canje para conseguir la liberación del periodista Javier Ortega, de 36 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45; y el conductor Efraín Segarra, de 60.
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En otra audiencia sobre el tema, las autoridades ecuatorianas defendieron que «Guacho» nunca tuvo intención de devolver a los periodistas después de secuestrarlos y llegó a fingir que tenía intención de negociar para tratar de neutralizar un supuesto «operativo militar» en su contra.
Además, Ecuador insistió en que tanto el secuestro como el asesinato se produjo en territorio colombiano; mientras que Colombia defendió que el secuestro fue en el lado ecuatoriano de la frontera.
La CIDH ha seguido de cerca el caso y acordó con los Gobiernos de ambos países la creación de un grupo de trabajo, llamado Equipo de Seguimiento Especial (ESE), para dar asesoramiento y apoyar a los Estados en sus investigaciones, así como velar por los intereses de los familiares de las víctimas.
El asesoramiento del Equipo de Seguimiento Especial acabará el 31 de diciembre porque tanto Colombia como Ecuador han rechazado renovarle el mandato.
A pesar de la negativa de renovar el mandato, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, dijo a Efe que su Gobierno está comprometido con el sistema interamericano de derechos humanos, una actitud diferente a la que mostró el Ejecutivo de Rafael Correa (2007-2017), que cuestionaba a la CIDH.
«El Estado ecuatoriano apoya el trabajo del sistema interamericano de derechos humanos, el Estado ecuatoriano nunca más cuestionará la legitimidad de las decisiones de la Comisión. El Estado colombiano siempre será un elemento positivo y colaborador del sistema interamericano», aseguró.
