La Procuraduría de Colombia pidió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) rechazar la petición de acogimiento hecha por el exsenador Alberto Santofimio Botero al considerar que el magnicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán no tuvo nada que ver con el conflicto armado.
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Así lo informó hoy esa entidad, que a través de un concepto enviado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP pidió que se decretara la falta de competencia de ese tribunal para conocer los delitos por los que fue condenado Santofimio.
En la actualidad, Santofimio purga una condena por haber sido el determinador del asesinato de Galán, ocurrido el 17 de agosto de 1989 en Soacha, población vecina de Bogotá.
Santofimio presentó, en abril pasado, su solicitud de acogimiento a la JEP argumentando que los hechos por los que fue condenado tienen relación con el conflicto armado interno.
La Procuraduría explicó que también pidió devolver el expediente de Santofimio al Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para que continúe la vigilancia y el control del cumplimiento de la sentencia.
El Ministerio Público detalla que en su concepto, pese «a que las repercusiones históricas y políticas del crimen del candidato Luis Carlos Galán Sarmiento no fueron menores, se trató de un delito común sin relación con el conflicto armado, contrario a lo afirmado por el exsenador en su solicitud de acogimiento a la JEP».
La entidad asegura también que «se hace necesario dejar claro que el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento obedeció a un contexto de criminalidad relacionada con el narcotráfico, que además pretendía imponer en el país un ambiente de miedo e incertidumbre».
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El homicidio de Galán, que se perfilaba como el más seguro sucesor del entonces gobernante Virgilio Barco (1986-1990), fue atribuido a una alianza del cartel de Medellín, dirigido por el capo Pablo Escobar, con sectores políticos y agentes estatales contrarios a la figura de la extradición.
Añade la Procuraduría que la reconstrucción histórica y judicial del magnicidio confirmó que «se pretendía beneficiar las aspiraciones políticas personales del aquí compareciente (Alberto Santofimio) y de otro lado, facilitar y eliminar obstáculos para continuar con la actividad del narcotráfico», de su aliado, el capo jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.
