La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) impuso multimillonaria multa a Hidroituango por infracciones ambientales. La multa fue de 2.419 millones de pesos a los dueños de la hidroeléctrica de Ituango, en emergencia desde mayo pasado.
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En la resolución 01444, fechada el pasado 4 de septiembre, la ANLA aseguró que la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A, encargada de la obra, no implementó «oportunamente» las medidas de manejo ambiental que le autorizaron para la «ejecución de las obras asociadas a la rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia-El Valle».
Otra de las causas de la millonaria multa es que los propietarios instalaron y construyeron dos plantas, una de trituración y otra de concreto, sin permiso de las autoridades.
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La multa no está relacionada con la emergencia.
Al respecto, el grupo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), representante de la sociedad, aseguró que fue notificado de la sanción y que la evaluará «para definir si se interponen los recursos pertinentes».
«EPM avanza en este momento en las obras que permitan superar la actual contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango y trabaja en los diferentes frentes que incluye la licencia ambiental», añadió el grupo.
Hidroituango, ubicada el departamento de Antioquia, está en emergencia desde el pasado 7 de mayo cuando se produjo un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo mayor cauce del país, que quedaron represadas en un embalse sin terminar.
La situación obligó a las autoridades a evacuar de sus hogares a miles de personas de las localidades de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, así como de los municipios Cáceres y Tarazá, situados a orillas del Cauca, aguas abajo de la presa, y que podrían ser arrasadas por un eventual rompimiento de la obra.
La Contraloría denunció el 27 de agosto «graves errores» en el otorgamiento de la licencia ambiental y en el desarrollo de las obras de la hidroeléctrica.
El ente de control formuló 35 hallazgos, de los cuales 29 tuvieron presunta incidencia disciplinaria y 8 penal, «los cuales puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación».