Son las 9:00 a.m. y el ambiente en El Tarra, Norte de Santander, no es jovial y agitado como el de todos los días. Este 2 de agosto de 2018 el cielo está despejado, el sol brilla y el calor sofoca. Muchas de las calles de esta población enclavada en el corazón del Catatumbo permanecen desoladas. La bulla constante se apagó para darle paso a un silencio que solo interrumpen los gritos de las viudas y los huérfanos que dejó la masacre del pasado 30 de julio.
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En el polideportivo Simón Bolívar están los féretros de Fredermán Quintero, los hermanos Wilmer y Ramón Emiro Ramírez, Alexander Campo, Asdrúbal Durán y Jhon Sanabria. Alrededor de ellos hay unas tres mil personas. El sacerdote José Trino Rodríguez, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, durante dos horas le dio la bendición a cada una de las víctimas y a los asistentes de las honras fúnebres.
Las escenas de dolor y llanto de familiares y amigos de los muertos fueron constantes y desgarradoras, pues nadie asimila la tragedia que ocurrió el pasado lunes en un billar del barrio Villa Esperanza, donde 10 hombres armados dispararon contra todos los que ahí se encontraban. Asesinaron a nueve hombres y dejaron heridos a otros dos.
Una matanza así no se vivía en el Catatumbo desde 2004. El último hecho tan violento que se registró fue en junio de ese año, cuando un grupo de hombres armados, supuestamente guerrilleros, llegó a una finca de la vereda San Martín, de La Gabarra (Tibú), y asesinó a todos los campesinos y raspachines que estaban en el lugar. En total fueron 34 personas. En ese entonces aún se vivía el holocausto paramilitar.
Pero la masacre que se registró hace unos días en El Tarra, aún no tiene una explicación clara y lo peor es que Epl, Eln y disidencias de las Farc sacaron unos comunicados asegurando que nada tenían que ver con lo ocurrido. ¿Quiénes, entonces, son los responsables?
Hasta el momento nadie se atreve a hablar con claridad; solo hay rumores, dicen las autoridades judiciales. Aunque el saliente ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo el jueves que esto se habría dado por una pelea por las rutas del narcotráfico, tanto las del Catatumbo como las de Venezuela.
Pero esta es una radiografía de lo que hoy se vive en esta región, donde quienes imponen su ley son los grupos armados ilegales y no las fuerzas del Estado. Así lo aseguró un campesino —prefirió no revelar su nombre— que viene constantemente a Cúcuta: “Lo que dicen aquí los encorbatados no es lo que pasa allá en San Pablo (corregimiento), ni en Teorama o San Calixto ni en todas las veredas; porque allá hay es plomo corrido y humillaciones”.
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Y agregó: “Para salir de allá toca es con permiso de la guerrilla (Eln, Epl y disidencias de las Farc), así se puede venir a Cúcuta. Esto es con ciertas restricciones, como que no se puede hablar con la Policía o el Ejército, porque acá hay informantes de la guerrilla. Uno tiene que hablar con la persona que otorga esos permisos y le dice cuántos días se va a demorar uno. Y listo. Entonces, que las autoridades vayan allá al Catatumbo, porque llegan hasta Convención y de ahí no pasan, porque saben que después de La Esmeralda la que manda es la guerrilla”.
Y a esto se le suman los ‘impuestos’ que campesinos, comerciantes, transportadores, contrabandistas y cocaleros deben pagarle tanto al Eln, como al Epl, a bandas criminales y ahora a las disidencias de las Farc. Por lo menos, indicó otro campesino, quien lleve cerveza debe entregarle al grupo que gobierna esa zona 10 mil pesos por caja, lo que ha llevado a que en el Catatumbo se venda esa bebida más cara.
Hace dos meses, aproximadamente, el Epl ordenó que a Tibú solo entraba la cerveza autorizada por ellos, y como un comerciante no cumplió la advertencia, le quemaron su camioneta con todas las cajas adentro. Este lamentable hecho se dio en la vía Cúcuta-Campo Dos.d
“Para sacar el arroz, el plátano, la yuca, la cebolla o cualquier otro producto también debemos pagar el ‘impuesto’ que cada grupo nos pone. Y si no paga, no vuelva más al Catatumbo, porque sabe que no lo dejan vivir. Los Pelusos (Epl) tienen dominio total de la región de San Calixto, Teorama y La Playa. En el resto del Catatumbo están los elenos (Eln). Es más, le digo, por todas esas regiones es más fácil conseguir un kilo de coca que un kilo de arroz”, dijo otro labriego catatumbero, que habló bajo el anonimato, pues sabe que si se enteran que dijo algo indebido lo asesinan.
Un territorio en disputa
El Catatumbo es ‘la joya preciada de la corona’ que hoy se pelean el Eln y el Epl. Según expertos en el tema, tener el poder absoluto sobre esta región nortesantandereana significa montar un ‘imperio’ con unos alcances incalculables e incontrolables.
En este territorio está Tibú, el segundo municipio con mayor cantidad de cultivos de coca en Colombia, unas 12.787 hectáreas, después de Tumaco, que registraba 23.148 en 2016, según el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno.
Por eso la guerra que se declararon a principio de este año ‘elenos’ y ‘pelusos’ es a muerte, porque uno de ellos quiere quedarse con todo el poder. “Por eso es que están acudiendo a alianzas macabras con organizaciones (bandas criminales y disidencias) que por años han sido enemigas, pero que ahora las necesitan para vencer”, dijo una fuente de inteligencia militar.
Lo peor de todo es que esta situación ya había sido anunciada por la Defensoría del Pueblo y algunas organizaciones de derechos humanos, pero nadie puso atención. En varias de sus alertas tempranas vaticinaron lo que iba a suceder en el Catatumbo con la salida de las Farc y la demora en la implementación del Acuerdo de Paz.
En febrero de 2017 la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo donde aseguraba que desde el 9 de febrero de 2016 las comunidades han alertado sobre la presencia de hombres armados en sectores como Las Timbas, de la vereda El Cuarenta. “Sobre la vía que conecta la vereda Caño Tomás (Teorama) con el corregimiento La Gabarra (Tibú), la presencia de estos individuos armados se observó precisamente cuando se inició el traslado de los combatientes del Frente 33 de las Farc, desde Caño Tomás hacia la zona veredal transitoria de normalización en Caño Indio”, decía el informe.
Precisamente ese hecho fue el comienzo de una seguidilla de situaciones de riesgo que han provocado el desplazamiento de muchas familias hacia Venezuela y cascos urbanos de los 11 municipios que conforman esta región, porque la llegada de otro grupo armado ilegal, o la expansión del Epl o el Eln a esas zonas que dominaron las Farc, asustó a los campesinos.
“Además de la riqueza natural de la región, en el Catatumbo proliferan cultivos de coca que muestran una creciente expansión en el área sembrada. En este sentido, el control sobre la cadena de producción de esta economía ilícita es determinante para el ejercicio de control social y territorial por parte del actor armado que se imponga, aprovechando las condiciones favorables de aislamiento y débil presencia estatal”, explicó uno de los documentos.
Pero todo hace indicar que esa información no fue importante ni para el gobierno nacional y departamental; ni tampoco para las autoridades policiales y militares, pues las cosas siguieron como si nada. Once meses después, en enero de este año, la Defensoría volvió a emitir otra alerta donde insistía en la expansión del Epl en todo el Catatumbo y la toma del Eln de todo el territorio que dejaron las Farc, así como los riesgos y problemas que eso estaba trayendo para las comunidades.
“Desde principios de 2016 y de acuerdo con el monitoreo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ya se observaban algunos indicios de que el Epl estaría desplegando acciones cerca a su nicho histórico, constituido por el triángulo El Tarra, San Calixto y Hacarí, y materializando esporádicas incursiones en lugares donde no existían reportes acerca de su presencia y accionar”, señaló el informe oficial.
Esa información confirmaba que de 137 miembros que tenía el Epl, pasaron a más de 500 en menos de seis meses. Y ya se encontraban por todos los 11 municipios de esta zona de Norte de Santander, donde se estarían dando reclutamientos de menores de edad, desapariciones, homicidios y desplazamientos.
“Se ha constatado la grave situación de riesgo a la que está expuesta la población civil, así como la profundización de los factores de amenaza de los campesinos y campesinas que habitan en el corregimiento Fronteras (Teorama), y las veredas Caño Azul y La Cooperativa (Convención), así como los indígenas del Pueblo Bari agrupados en las comunidades Brubuncanina, Ocbabuda, Suerera, Asacbaringcayra, Batroctrora, Caxbaringcayra, Saphadana, Iquiacarora y Ayautina, en Teorama, Convención y El Carmen, zona de frontera con Venezuela”, según el documento.
Una fuente militar dijo que la situación en esta región no se arregla solo con presencia de las Fuerzas Armadas, pues el Estado debe llevar también inversión social y desarrollo económico a la zona. De nada sirve que el Ejército o la Policía vayan a pelear, cuando la zona sigue en abandono. Sin embargo, en el primer semestre de este año el Gobierno aumentó el pie de fuerza en el Catatumbo, hasta un total de 12 mil hombres, pero su misión ha estado dirigida a custodiar el oleoducto. Esta región de Norte de Santander es una de las más custodiadas del país, pero los grupos armados siguen manteniendo su poder basado en el negocio de la coca.
Lo que jamás imaginaron los organismos de seguridad del Estado es que se diera una masacre como la de El Tarra. Una vez se conoció este hecho, las autoridades enviaron un componente de inteligencia e investigación a la zona, pero las familias enterraron a sus muertos sin una explicación clara sobre los motivos del asesinato. Ahora solo pueden esperar, a ver si un día les entregan información concreta, con la esperanza de identificar a los responsables, hacer justicia y evitar que algo así vuelva suceder.
