Las comunidades del Bolívar, golpeadas por la crudeza del conflicto armado, quieren dejar atrás esa carga por lo que diseñaron un plan. Víctimas de violencia trazan plan para futuro en paz.
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La idea es que les permita progresar en los siguientes 10 años y convertirse en un foco de desarrollo del país.
«Ese cambio no será posible de la noche a la mañana y lo sabemos, pero confiamos en que con lo que deja el Gobierno de Juan Manuel Santos, y lo que trae el de Iván Duque», advirtieron.
Además,Jorge Otálora, un líder comunitario y presidente de la junta de acción comunal del caserío Cañabraval Bajo, del municipio de San Pablo dijo quees posible cambiar el sufrimiento, el olvido y la inequidad.
Otálora fue uno de los más de 6.000 delegados de los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, en Bolívar, y Yondó, en Antioquia.
Estos municipios integraron los debates que dieron vida al Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Ese ejercicio democrático, liderado por la Agencia de Renovación del Territorio, permitió recopilar 671 iniciativas que deberán ser impulsadas por el Estado en los próximos 10 años.
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Campesinos víctimas de violencia trazan plan para futuro en paz
El primer PDET, el del sur de Bolívar, le fue entregado esta semana al presidente Santos en Santa Rosa del Sur y en él quedó consignado que el Estado invertirá 2,14 billones de pesos (unos 739 millones de dólares).
Los recursos financiarán iniciativas sobre ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, derecho a la alimentación, educación, vivienda, agua potable, reactivación económica, producción agropecuaria e infraestructura, y adecuación de tierras, entre otros aspectos.
«En tantos años, muchos de ellos llenos de violencia, nos llegó la oportunidad de ver realizados todos los sueños que siempre hemos tenido» comentó Eulises Porras, líder campesino.
De igual forma, agregó que esperan que el nuevo Gobierno no eche atrás este proceso que con tanto esfuerzo hemos construido desde las comunidades que siempre son las que cargan la peor parte de los conflictos.
Porras, quien sufrió en carne propia los rigores del paramilitarismo, recordó que los PDET hacen parte del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC en 2016.
Agregó que estos planes son parte de la Reforma Rural Integral, clave para superar una de las causas de la violencia: la inequidad.
El Estado debe fijarse en ellos
Según Porras, de los 34.000 habitantes de San Pablo, 28.834 han sido víctimas de alguna forma de violencia, razón por demás suficiente para que el Estado se fije en ellos.
«En la zona hubo bases paramilitares, guerrilla de las FARC», sostuvo al tiempo que lamentó que no se haya logrado avanzar más en los diálogos con el Eln.
Hace algunas semanas una operación de las fuerzas de seguridad del Estado lograron abatir a Jacob David Acuña, alias «Samuel», cercano al máximo líder del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias «Gabino».
«Todavía hay violencia, menos que antes, pero violencia contra el campesino hay», aseveró Porras, quien destacó que en los PDET «son como hijos» del acuerdo de La Habana y en ellos tienen puesta la esperanza los pobladores del sur de Bolívar.
El líder social señaló que una de las mayores necesidades del campesino es el mejoramiento de las vías para facilitar la salida de sus productos.
Puso como ejemplo el café que, por las características del suelo, puede llegar a ser considerado especial en el mercado internacional.
Así se podría evitar así que los pobladores regresen a los cultivos ilícitos que antes promovían los grupos ilegales.
«Tenemos que consolidar lo que hemos logrado en sustitución de cultivos ilícitos», fue el llamado del gerente de la Asociación de Productores Agrícolas y Pecuarios de Santa Rosa del Sur (Asocalima), José Isauro Román.
El Gobierno colombiano, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), fijó las condiciones para implementar el acuerdo de paz.
Además deberán hacer seguimiento a las políticas públicas que lo desarrollan y garantizar la ejecución de los PDET que en total benefician a 170 municipios que han sufrido la violencia, son los más atrasados en desarrollo y tienen poca o nula presencia estatal.
«Si no es ahora, no es nunca», puntualizó Román, quien confía en que las nuevas generaciones de los municipios del Sur de Bolívar disfruten de la paz que él no ha tenido.
