La presión ciudadana y los últimos reportes de organizaciones llevaron al Gobierno a que, finalmente, reforzara sus estrategias para evitar que siga el aumento en los crímenes de líderes sociales.
Así fue como Santos, en una reunión con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, anunció varias nuevas medidas.
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Una de ellas fue la creación de un sistema de recompensas por la información que permita identificar a responsables de atentados contra líderes sociales y de derechos humanos. Según el mandatario, estas recompensas serán aún mayores por la identificación de autores intelectuales de los crímenes.
También se ampliará el programa de medidas colectivas de seguridad, sumando a los municipios de Corinto (Cauca), Cáceres (Antioquia), El Bagre (Antioquia), Buenaventura, Quibdó y Tame (Arauca), y se fortalecerá la Unidad Nacional de Protección (UNP) con más recursos.
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A la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad asistieron el vicepresidente Óscar Naranjo, los ministros de Defensa e Interior, el alto Comisionado para la Paz, altos mandos militares y policiales, el fiscal general, el procurador general, representantes de organismos internacionales acreditados en Colombia, expertos de organizaciones sociales y altos funcionarios del Gobierno.
Medidas:
Además de las recompensas y el programa de medidas colectivas de seguridad, Santos también habló del ‘Plan Horus’, en el que se le dará prioridad al componente de seguridad a líderes sociales.
En cuanto a la UNP, prometió que serán destinados más recursos para los estudios de riesgo colectivo y más presupuesto para ampliar los esquemas individuales.
Desde el Ministerio de Defensa, se fortalecerá el instrumento de reacción rápida que en la actualidad atiende las alertas generadas por la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, se ordenó crear una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior, a través de una línea, en la que recibirán información oportuna sobre amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Durante la reunión, Santos recordó los beneficios del acuerdo de paz y advirtió que no se permitirá que estos avances y los que trae la construcción de paz “se vean amenazados por la acción criminal de bandas organizadas que pretenden hacernos regresar a un pasado de violencia que los colombianos decidimos dejar encerrado en los libros de historia”.
Y agregó: “Por eso ratifico, al condenar y repudiar esos hechos, que no hemos descansado ni descansaremos hasta encontrar y castigar a los responsables de esos crímenes infames”.
El mandatario aseguró que la protección de los líderes y defensores de derechos humanos será una prioridad hasta el último día de su gobierno y confía en que siga siendo así durante el gobierno de Iván Duque.
Logros en la protección de líderes
Pese a que el número de asesinatos de líderes sociales parece haber tenido un incremento durante los primeros meses de 2018, Santos mostró algunos de los resultados logrados en la protección de ellos.
Por ejemplo, la UNP actualmente presta protección a 4510 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
También cuentan con protección 264 miembros del Partido Político de la Farc.
En cuanto a la Fiscalía, la Unidad Especial de Investigación, que fue creada para investigar casos contra líderes sociales, ha recibido reporte de 181 casos de homicidios avalados por ONU entre el 1 de enero de 2016 y el 6 de julio de 2018.
De esos casos, 89 han sido esclarecidos y se sabe que de los victimarios, 39 son particulares, 19 son miembros de bandas criminales, 13 pertenecientes al Clan del Golfo, 8 del Eln, 5 de disidencias de las Farc. En total han sido capturadas 168 personas.
“Reitero mi compromiso, el del Gobierno Nacional, el del Estado en su conjunto, de trabajar sin descanso para garantizar la protección de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos”, concluyó el mandatario.
Cifras
4510 líderes sociales y defensores de derechos humanos reciben protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
264 miembros del Partido Político de la Farc también son protegidos por la UNP.
Con nueva ley, asesinos de líderes sociales recibirían beneficios si confiesan sus crímenes
Con la nueva ley de sometimiento para las bandas criminales, el Estado dice que podrán aclararse algunos casos de asesinatos y amenazas contra líderes sociales, ya que un gran número de estos fueron cometidos por grupos armados, como el Clan del Golfo. Por eso, los asesinos de líderes sociales recibirán beneficios.
El senador Iván Cepeda dijo a El Tiempo que los miembros de las bandas criminales accederán a beneficios colectivos con esta nueva ley. Esto solo estará condicionado a la confesión de su responsabilidad en los asesinatos.
De esta manera, el Estado podrá saber si los casos son aislados, como lo afirma Mindefensa, o si hay sistematicidad, así como lo han denunciado organizaciones de líderes sociales.
Entre los beneficios se contemplan rebajas de pena. Pero no será igual para todos.
Según el senador Roy Barreras, si bien hay beneficios, en esta ley se endurecieron las penas para quienes cometan crímenes contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, sean asesinatos o amenazas.
“Quien tenga pendientes crímenes contra líderes sociales, con esta nueva ley tendrá penas mayores”, manifestó Barreras al mismo medio.
Con la ley de sometimiento habrá penas entre los 3 y 9 años, pero si se comprueban asesinatos contra líderes pagarán entre 8 y 18 años.