Nicolás Maduro, presidente venezolano re electo el pasado 20 de mayo en el marco de un proceso cuestionado a nivel internacional, puso en marcha su llamado «Plan de Reconciliación».
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La primera medida en este acto de voluntad política para que el gobierno funcione junto a la oposición, sería liberar a un total de 39 presos políticos. Según el criterio para escogerlos se trataría de presos «políticos que tomaron parte en actos de violencia en 2012, 2013, 2014, 2017».
Uno de los casi 40 liberados es el ex alcalde de San Cristóbal, ganador del premio Andrei Sarajov a la libertad de conciencia, y férreo opositor al gobierno de Maduro, Daniel Ceballos. El personaje perteneciente a «Voluntad Popular», movimiento en el que participa el controvertido Leopoldo López, fue detenido por participar de movilizaciones contra el gobierno de Maduro en marzo de 2014 y ayer fue liberado, pero con medidas cautelares.
Otro grupo de ex carcelados formaron parte del motín realizado en la cárcel del Helicoide el mes pasado, en el que los presos tomaron el control del recinto durante dos días para denunciar torturas y exigir celeridad en sus procesos judiciales.
Mientras se producían las excarcelaciones, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ofreció una rueda de prensa en la que dijo que Maduro espera que su decisión «conduzca a un proceso de pacificación».
«Ha iniciado el proceso de beneficios para políticos incursos en hechos de violencia», anunció el ministro desde el palacio presidencial de Miraflores.
Sin embargo la ONG venezolana Foro Penal asegura que no se trata de un acto bien intencionado. Según sus cálculos sólo 19 de quienes fueron liberados entran en la categoría de «preso político».
Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG, informó que entre los detenidos que recibieron beneficios procesales este viernes se encuentran tres mujeres que fueron liberadas meses atrás.
