Una leve neblina baja de la cordillera occidental y viene acompañada por pequeñas gotas de lluvia. En el parque principal hay pocas personas. Leen, hablan por celular y caminan. Son necesarios solo un par de minutos en ese lugar para saber que Trujillo es un pueblo tranquilo.
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Aunque no siempre fue así. Solo los jóvenes han podido disfrutar de este nuevo Trujillo, porque en la memoria de los más grandes hay recuerdos que quisieran borrar, como aquella década en la que por sus calles solo corrían noticias de asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones.
Entre 1986 y 1994, el pueblo se convirtió en el punto de concentración de varios grupos armados y con ellos llegó la desgracia. Primero apareció el Eln y luego los paramilitares. Pero el Ejército, según sus habitantes y reportes oficiales, también fue un actor de la violencia.
Para 1995, la población lloraba a 342 víctimas. Eran padres, hijos y amigos que nunca volvieron a ver. Ni vivos ni muertos.
En su memoria, los pobladores de Trujillo levantaron un monumento que se puede ver a lo lejos. Ubicado en una de las montañas que rodean a la población, alzaron paredes en forma de escalones y en estas escribieron los nombres de sus seres queridos, acompañando cada lápida con una escultura que los representara.
En la cima del parque Monumento se puede mirar hacia abajo, hacia los escalones, y leer la frase: “En la violencia la lucha persiste. En la impunidad aún resiste y hoy la memoria es vida”.
Aunque quedaron rezagos de la violencia después de los años noventa, en Trujillo no han vuelto a hablar de asesinatos desde 2012. En estos últimos años, la mayoría de los habitantes de las veredas decidieron volver a sus fincas para seguir trabajando y olvidar aquella época de terror.
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El mejor ejemplo ocurrió en La Sonora, una de las veredas de la población, en la que muchos campesinos acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras para que les devolvieran aquellas tierras que alguna vez les quitó la violencia.
Jesús Arnoldo Valencia, Wilson Ramírez y José Manuel Ortega son tres de los cuatro beneficiarios de la Unidad de Restitución, quienes después de un largo proceso lograron regresar a Playa Rica, el caserío donde siempre tuvieron sus fincas. No son hermanos, ni siquiera familiares lejanos, pero comparten una historia que los une.
Ellos y sus familias tuvieron que salir en 2004 después de ser amenazados de muerte por los paramilitares. Pero antes, en la década anterior, les desaparecieron a sus padres y hermanos.
En 2004, cuando fueron desplazados, el bloque Calima de las Auc, comandado por alias el Cura, llegó a la casa de Jesús Arnoldo, lo ataron de manos y pies y lo arrastraron por las montañas hasta llegar a una casa donde tenían a otros campesinos. Todos eran acusados de ser colaboradores de la guerrilla. Arnoldo cuenta que durante todo un día fue torturado con disparos cerca de sus oídos, pero al final fue dejado en libertad.
La esposa de Wilson Ramírez, que era personera del pueblo, fue hasta el sitio donde su vecino estaba para pedir que lo soltaran. Ambos salieron de ahí con vida, pero al día siguiente llegó un panfleto a sus casas, en el que les aseguraban que los matarían si no se iban del lugar.
“Aquí, el que llegaba con las armas mandaba”, dijo Wilson al recordar aquel día en que le tocó irse con toda su familia a Bolívar.
El retorno
En 2013, después de conocer la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, empezó el proceso de restitución de estas familias, quienes viajaron hasta Cali para contar su caso. Después de varios juicios en los que tuvieron que presentar a testigos que confirmaran los hechos violentos que los victimizaron, en 2016 un juez falló a su favor y en 2017, por primera vez, el Gobierno les hizo el primer desembolso para que empezaran a desarrollar sus proyectos productivos.
Hoy, Arnoldo, Wilson y Manuel tienen cultivos de café, pimentones y plátanos, en 49 hectáreas que están a nombre de sus familias.
“Nosotros fuimos, hicimos la declaración, nos visitaron, vieron las condiciones en las que estábamos y luego nos avisaron que ya había salido el fallo”, manifestó Arnoldo.
Wilson agregó que no solo se desplazaron una vez: “Nos tocó por 15 días, un mes, dos meses. El desplazamiento más largo fue el de dos años y fue el último. Algunas veces nos refugiamos en Trujillo, en Bolívar, otras veces en Medellín”.
Ahora las cuatro familias viven juntas en ese pequeño caserío que decidieron llamar Playa Rica y junto con otras víctimas crearon una cooperativa con la que abrirán una fábrica de café para exportar el mejor grano: “Se llamará Café La Sonora, el más bueno hasta ahora”.
Y, aunque no saben si será el mejor o si esto les dará para vivir digna y tranquilamente, estos tres hombres saben que la violencia jamás será el camino.
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