Colombia reprueba en derechos humanos pese a acuerdo paz, según 500 entidades

En Colombia se produjeron numerosas violaciones a las derechos humanos entre 2013 y 2017 y no desaparecieron tras la firma del acuerdo de paz con las Farc en noviembre de 2016, según un informe elaborado por 500 organizaciones sociales presentado hoy en Bogotá.

El informe, que evalúa la situación del país entre 2013 y 2017, evidencia las violaciones de derechos humanos que suceden en Colombia, para presentar el estudio ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que examinará al país en este ámbito el próximo 10 de mayo en Ginebra.

La representante de la Corporación Reiniciar, una de las entidades participantes, Luz Stella Aponte, aseguró en la presentación del informe que las entidades saludaban «como un gran logro en términos humanitarios» el acuerdo de paz, pero recordó que hay «una gran dificultad para implementarlo».

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Aponte destacó que uno de los principales factores que impiden el desarrollo de los derechos humanos es el fenómeno del «paramilitarismo», que el informe no da por terminado en Colombia sino que asegura que tomó «nuevas formas» tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.

«El paramilitarismo continúa existiendo (…) Un número significativo de mandos medios y estructuras continuaron delinquiendo. Los financiadores y terceros beneficiados por el paramilitarismo no han sido efectivamente investigados. Los paramilitares aún mantienen vínculos con agentes del Estado», manifiesta el estudio.

Aponte criticó que el Gobierno colombiano «se empeñe en negar» este fenómeno y lo «bautice con nombres que enmascaran su carácter de actor armado del conflicto» pese que a que existen 13 estructuras que actúan en 344 municipios de 31 departamentos, lo que equivale a un tercio del país, según los datos de las entidades sociales.

Por otra parte, el informe hace hincapié en el asesinato de líderes sociales, una de las principales lacras del posconflicto colombiano, y detalla que entre 2013 y 2017 se asesinaron al menos a 276 defensores de derechos humanos.

Según estas cifras, el 69 % de las víctimas de estos ataques habitaba en zonas rurales y el 25 % de las personas afectadas pertenecía a comunidades étnicas, además de 29 asesinatos de líderes LGTBI.

Una de las principales denuncias que recoge el informe es la impunidad que prima en todos estos crímenes, un problema «estructural», según Aponte, que «el Estado colombiano debe superar si quiere construir una paz duradera».

Las entidades estimaron que la impunidad alcanza al menos el 90 % en todos los casos de violaciones de derechos humanos: de las 838 investigaciones penales sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas, solo el 8,35 % llegó a etapa de juicio y el 3,22 % a ejecución de pena.

De los 4.578 procesos por desaparición forzada, el 0,9 % de los casos se encuentra en juicio y el 0,42 % llegó a obtener una sentencia.

Por otro lado, la violencia sexual en el conflicto armado presenta sentencias en menos del 2,18 %.

Además, las investigaciones de casos de violencia contra personas LGTBI «no avanzan y los responsables no son identificados ni sancionados», detalla el informe.

Esta impunidad se da por la «corrupción» del sistema judicial, las «demoras» y la «falta de conocimiento específico», según la vocera de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez.

«Si no se castiga a los culpables, se envía un mensaje de que (cometer estos crímenes) está bien», agregó.

Este informe formará parte de la información que recoge el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el Examen Periódico Universal (EPU), al que se someterá Colombia el próximo 10 de mayo en Ginebra, además de un informe del Estado colombiano y otro de los organismos de las Naciones Unidas que tienen presencia en el país.

El examen del Consejo se realiza cada cinco años y esta será la tercera vez que se evalúa la situación de Colombia para emitir después una serie de recomendaciones que debe cumplir antes del próximo examen, algo que el país no ha hecho, según las entidades sociales.