La Unidad de Restitución de Tierras, creada gracias a la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se propuso devolverles la tierra a las víctimas del conflicto que la hayan perdido a partir de 1991. Desde su aplicación, el primero de enero de 2012, Ricardo Sabogal ha dirigido este trabajo en el que son muchos los enemigos: actores del conflicto armado y terceros que también han aportado a la violencia del país.
PUBLICIDAD
Ahora, a tres años de terminar la vigencia de la ley, gran parte del trabajo se ha completado, pero aún quedan muchas cosas por hacer.
Esto le contó Sabogal a PUBLIMETRO.
¿Cómo van las cifras de la Unidad de Restitución de Tierras?
En términos de números, desde que se inició la aplicación de la ley han venido a nuestras oficinas 110.964 personas a reclamar predios, territorios indígenas, y en este momento estamos acercándonos al 80% de estudio de todo lo que han reclamado en todo el país.
La ley dispuso que hasta el 2021 se iba a implementar. Nosotros en este momento, acercándonos al 80%, creemos que la tarea ya está casi hecha y ahora quedamos pendientes de las decisiones de los jueces, que ellos dicten las sentencias con respecto a aquellos casos que se les entregaron.
¿Después de la firma del acuerdo de paz se incrementaron las reclamaciones de tierras?
PUBLICIDAD
La ley, en lo que tiene que ver con restitución, dispone que se reciben reclamaciones de hechos ocurridos desde el primero de enero de 1991 y la vigencia va hasta 2021. Ahora que abrimos oficinas en el sur del país encontramos muchas reclamaciones de gente que señala a las Farc como los victimarios. Antes del acuerdo teníamos 400 solicitudes que nos hicieron desde otras ciudades del país por tierras en Caquetá. Ahora tenemos más de 3000 solicitudes hechas directamente desde la oficina que abrimos en Florencia.
Sorprende que casi el 50% de los reclamantes sean mujeres
Sí, el 41% de solicitudes son de mujeres. Cuando se aprobó la ley, se dispuso que la unidad debía tener un programa de mujer, teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de la mujer con temas de derecho sobre la tierra. Es más, cuando arrancamos, solamente el 30% de los reclamantes eran mujeres. Para eso la unidad ideó instrumentos que permitieran que la mujer accediera a los derechos que le daba la ley. También se capacitaron a lideresas para que ellas fueran y replicaran en sus comunidades, y hoy, fruto de ese esfuerzo en el que nos ha ayudado ONU Mujeres, más del 40% de los reclamos son hechos por mujeres.
¿Cuáles son los departamentos más avanzados en restitución?
Ya la restitución está en una fase en la que estamos consolidando muchas zonas donde se nos había dificultado el inicio del proceso. Ya hay zonas donde un alto porcentaje de los reclamos se estudiaron. El Valle es un departamento donde nos quedan por estudiar muy pocos reclamos. Lo mismo en Santander, Sucre, Cesar y Magdalena. Solo nos queda esperar en esos casos en los que encontramos que había un presunto despojo, que se pronuncie el juez y que diga si hay derecho o no a una restitución.
¿Y cuáles son los departamentos donde no han logrado avanzar?
En Norte de Santander el proceso es complejo. Allá los factores de violencia aún persisten. Lo mismo ocurre en algunas zonas del Urabá y del Bajo Cauca, donde el problema también es complejo, y abajo en Nariño, donde persisten problemas en Tumaco y las regiones cercanas. En algunas zonas el tema de las minas antipersonal nos detiene, pero es un problema que se articula con organizaciones.
En estas zonas, específicamente, ¿con qué tipo de limitaciones se encuentran?
Lo que ocurre normalmente es que con la Fuerza Pública vamos determinando zonas. En el proceso en marcha nos ha tocado suspender. Por ejemplo, en Norte de Santander nos tocó suspender zonas de Tibú por temas de orden público. La ley nos da hasta 2021 para hacer la restitución. Entonces, lo que hacemos es que miramos la zona, si encontramos que hay condiciones en ese momento hacemos la restitución; pero si tenemos que suspender, lo hacemos hasta que mejore la situación de orden público.
Estas zonas coinciden con los asesinatos y amenazas a líderes sociales, ¿hay alguna intervención de la unidad para tratar estos casos de una manera diferente?
Esta es una política que mueve la nata que quedó después de la guerra y ahí, en esas zonas, se encuentra gente inescrupulosa que a veces llega a amenazar a los reclamantes y a los funcionarios también. Lo que hacemos es llevar esos casos de amenaza a una víctima a la Unidad Nacional de Protección para que la UNP le brinde protección a la persona si encuentra que efectivamente la amenaza es fundada.
Por otra parte, se tiene todo un trabajo articulado con el Ministerio de Defensa para que la Fuerza Pública acompañe el proceso restitutivo en el retorno a las zonas.
¿Cuál es el porcentaje de procesos que no logran un feliz término o de familias que desisten del proceso?
No, el que reclama porque le robaron se espera. Lo que sí hay es muchos casos que no aplican a la ley, como problemas de tierras entre vecinos. Ahora, hay casos que desisten de los procesos porque hay alguien que los está amenazando o les está pagando por no reclamar. Cuando encontramos este tipo de casos no aceptamos el desistimiento y el proceso sigue.
Este no es un proceso en el que la persona disponga de su reclamo. Si nosotros encontramos que hubo un despojo, lo hacemos así la persona no quiera. Eso ya es un tema constitucional.
