Al tiempo que la Farc presenta sus listas a Senado y Cámara para las próximas elecciones del 11 de marzo, también promueven dos candidatos a su favor: el primero es Rodrigo Londoño, más conocido con el alias de Timochenko. El otro es Gustavo Petro, quien siendo alcalde de Bogotá no le fue suficiente con todo el caos administrativo que promovió, ahora quiere hacer lo propio pero en toda Colombia, como si fuera objeto de un libreto. Paralelamente a esto, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, desarrolló en contra de las Farc uno de los más grandes operativos de extinción de activos en contra de esa organización.
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El orden público se vio afectado y las asonadas en todas las ciudades donde operaban estos supermercados no se hicieron esperar, allí donde se distribuían granadillas y piñas muy probablemente de las Farc. Para la Fiscalía es evidente la relación entre los supuestos propietarios de los supermercados objeto de la operación y las Farc, más exactamente en contra de alias Romaña. Las asonadas tan raudas y veloces dejan dos mensajes: primero, que no fue espontánea; y segundo, deja claro que el objeto de esta, más allá de dilapidar frutas y verduras, era recuperar información contable y financiera que reposaba en los establecimientos de comercio.
Las asonadas, aparte de distraer y alterar gravemente el orden público, buscan dejar un mensaje en el colectivo, en primer lugar porque el poder logístico de promoverlas no tiene como fuente ciudadanos preocupados e indignados, si así fuera no quisiera ni pensar en la suerte del Icetex o, por qué no decirlo, de Datacrédito; con esto recordaba los mensajes del entonces sancionado disciplinariamente y destituido Gustavo Petro, quien siendo alcalde hizo y deshizo con Bogotá, asunto que obligó a la Procuraduría a tomar cartas en el asunto dentro del marco constitucional y legal de sus funciones, para esos días Petro llamaba a “ciudadanos preocupados” para que se manifestaran en contra del entonces procurador y le apoyaran su labor como alcalde.
Las coincidencias en procederes son tan similares entre las Farc y Petro que casi son inconfundibles, tan claro es que justo en este mes se cumplen doce años del asesinato de nueve concejales del municipio de Rivera (Huila) a manos de la columna Teófilo Forero de las Farc, la cual era comandada por alias el Paisa. Para entonces estábamos ad portas de elecciones. Es claro que de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a manos de las Farc poco se conoce en los tribunales internacionales; son imperativas y necesarias la concientización y la multiplicación del mensaje de la realidad de lo que son las Farc, su alcance y las consecuencias para Colombia si llegasen al poder en cabeza de Petro.
Han pasado 12 años y las Farc no han tenido la delicadeza en este caso, como suele suceder, de pedir perdón. Esto, aunque simbólico, es un asunto menor frente a las reparaciones económicas y sociales a que tienen derecho todas las familias de las víctimas en esa masacre; si las Farc durante años de vida delictiva tuvieron más de 20 frentes con autonomía financiera producto de la economía criminal y si solo estos supermercados llegaron a tener activos cercanos al billón de pesos solamente con la probable participación de cuatro frentes, no puede ser posible que los dineros de las Farc se limiten a una línea de blanqueamiento de activos de tan solo cuatro frentes. Se requiere más contundencia y eficacia para enrostrar a los ciudadanos los alcances de las Farc. ¿Cuánto más se ocultará?
