El Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP) alertó sobre «graves desórdenes» en la prestación del servicio de alumbrado público tras evaluar la situación en 703 municipios del país.
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Algunos de los hallazgos derivados de la evaluación son la «falta de interventoría y control, sobrecostos en las tarifas de energía, mala calidad del servicio y ausencia de un plan de manejo adecuado de residuos», indicó el DNP en un comunicado.
Según el estudio de la institución, el 85 % de los municipios consultados confirmó que no cuenta con un interventor para hacerle seguimiento a la prestación del servicio de alumbrado, lo que implica falta de control.
El DNP encontró además que algunos municipios y distritos pagan costos más altos de la tarifa del mercado regulado por el suministro de energía para el alumbrado público.
«Una de las causas que se asocian a los sobrecostos», según la información, «son las malas negociaciones que hacen las alcaldías a la hora de contratar el suministro de energía destinada al alumbrado público».
En ese sentido, el DNP detalló que Bogotá está pagando más del doble de la tarifa del mercado regulado, al registrar un sobrecosto de 104 %, seguida por las alcaldías de Cáceres (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Zona Bananera (Magdalena).
El director del DNP, Luis Fernando Mejía, advirtió en un comunicado que «se debe establecer una regulación para no permitir abusos con las tarifas de la energía para alumbrado público»
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Mejía consideró que entretanto «los municipios que tienen sobrecostos deben renegociar los contratos y disminuir esos costos».
Con el estudio se encontró además que el promedio del gasto de administración, operación y mantenimiento por luminaria es de 218.633 pesos (unos 73,4 dólares), siendo la región Caribe la que registra el mayor promedio con 384.942 pesos (unos 129,2 dólares).
Además, en el tema ambiental se halló que el 55,1 % de los municipios encuestados no posee un plan de manejo ambiental para la disposición de los residuos de alumbrado público.
Para solucionar los inconvenientes que afectan el gasto de los recursos públicos, el DNP propuso que la Superintendencia de Servicios Públicos asuma la vigilancia y control de la calidad en la prestación.
Asimismo, propuso «solicitar a la Contraloría General de la Nación una auditoría excepcional para la prestación del servicio de alumbrado público».
