El Gobierno presentó esta semana el resultado de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, con un total de 50.100 hectáreas destruidas en diferentes zonas del país.
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Se trata de una cifra positiva teniendo en cuenta que para este año Colombia se comprometió ante Estados Unidos a erradicar 50.000 hectáreas y sustituir otras 50.000 para que, de esta manera, la extensión de cultivos de coca quedara en un poco más de 80.000 hectáreas.
Además, para 2018 esperan arrancar 63.000 hectáreas, de las cuales solo 23.000 serán por medio del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
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«El martes, 5 de diciembre de 2017, se cumplió la meta de 50.000 hectáreas de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, exactamente 50.100 hectáreas», afirmó en una rueda de prensa el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien ha estado al frente de este objetivo desde que el Gobierno anunció que sería más contundente con la erradicación.
Para esta tarea el Ejército dispuso de 5414 uniformados, la infantería de Marina 40 y la Policía 4258, que fueron apoyados por 700 civiles.
Villegas manifestó que para cumplir la meta de 63.000 hectáreas en 2018 confían en que 23.000 sean por sustitución voluntaria y 40.000 por erradicación forzosa.
Con ello, espera que el 7 de agosto de 2018, fecha en la que el presidente Juan Manuel Santos termina su mandato, los departamentos de Magdalena, Cesar, Boyacá, Santander, Amazonas, Guainía, Vaupés, Arauca, Guaviare y Vichada estén libres de coca.
Total erradicado
Los departamentos en los que más cultivos arrancaron fueron Nariño (18.000 hectáreas), Antioquia (6300), Meta (6200), Caquetá (3900), Guaviare (4700), Chocó (2500), Vichada (1700), Cauca (1600) y Norte de Santander (1300), así como 5400 más en los Parques Naturales.
«Las 10 áreas erradicadas corresponden a 500 kilómetros cuadrados, que es el tamaño de Singapur, el 15 ó 20 % de la sabana de Bogotá o la tercera parte del Valle del Cauca», señaló Villegas.
Según el ministro, esperan poder contar en el 2018 con una innovación que les permita lograr la meta con “un componente de sustitución voluntaria hecha por la Fuerza Pública, es decir, si hay un acuerdo con la comunidad para hacer sustitución la erradicación voluntaria la harán los campesinos que están en sustitución, pero también la hará la Fuerza Pública».
¿Cómo va la sustitución?
Si bien la erradicación avanza a pasos agigantados, el programa de sustitución no lo hace al mismo ritmo debido a la complejidad de su implementación, teniendo en cuenta los recursos que el Estado debe invertir y que a la fecha no tiene en su totalidad.
El 11 de mayo pasado el Gobierno anunció, en cabeza del Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, que el PNIS comenzaría en 13 departamentos del país, los que más cantidad de plantas de coca tenían, dando inicio a lo pactado en el punto cuatro del acuerdo de paz firmado con las Farc.
Lo novedoso de este programa es que beneficiaría a miles de familias que se han visto afectadas por el conflicto armado y que no han tenido otra opción para subsistir más que la siembra de coca.
Con el programa los campesinos se comprometieron a erradicar, sustituir y no resembrar cultivos ilícitos, mientras que el Gobierno prometió entregarles un aproximado de 32 millones de pesos por familia para que consoliden proyectos productivos.
Si bien es difícil establecer cuántas hectáreas ya fueron sustituidas satisfactoriamente debido a que es un proceso, la Alta Consejería para el Posconflicto confirmó que para el 16 de noviembre las familias que reportaron 22.642 hectáreas de coca para sustituir habían recibido o están próximas a recibir el primer pago de acuerdo a lo pactado.
Los beneficiados con ese primer pago son apenas 24.580 familias de las 100.000 que el Estado espera vincular en todo el país. Lo preocupante es que, según una columna publicada en El Tiempo por Francisco de Roux a finales de octubre, el Gobierno solo cuenta con el 12% del dinero ofrecido a los campesinos.
En 2016 los cultivos ilícitos en Colombia alcanzaron la cifra récord de 188.000 hectáreas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas, según la Casa Blanca, que ya amenazó al Gobierno con descertificarlo por no cooperar con la lucha antidrogas.