Después del aval de la Corte a la reglamentación de la JEP, con algunos cambios, el turno para su aprobación pasa a manos del Congreso.
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Sin embargo, los congresistas no se ponen de acuerdo para votar la ley.
Esto llevó a que el presidente Juan Manuel Santos y el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, se pronunciaran al respecto para presionar a los congresistas.
«Las plenarias del Senado y de la Cámara tienen la enorme responsabilidad de dar los últimos debates a la ley estatutaria que le da vida a la Justicia Especial de Paz», afirmó Santos minutos después de conocerse el fallo.
Rivera, por su parte, dijo: «El mensaje central tras el respaldo (de la Corte Constitucional) es que el balón está en la cancha del Congreso y el Gobierno confía en que va a cumplir con su deber y va a aprobar la ley estatuaria que desarrolla y reglamenta la JEP».
En el fallo, la Corte consideró que el Acto Legislativo 01 de 2017, que dio origen a la JEP, «en general cumplió con todos los requisitos que están previstos en la Constitución y en la ley», explicó el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero.
El magistrado detalló igualmente que hubo apartes «que fueron declarados inexequibles (que no se ajustaban a la ley)», lo que supone que se le tendrán que hacer cambios.
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Guerrero citó entre las inexequibilidades la limitación que se había impuesto a la procedencia de la acción de tutela (recurso de amparo) y la participación de juristas extranjeros en los debates que existieran en la JEP.
Sobre esos cambios, el Alto Comisionado manifestó que «el Constitucional ha aclarado puntos que generaban incertidumbre, ha respondido las consultas e interrogantes», detallando que «hay un derecho a la participación política» que está garantizado en el acuerdo de paz «para quienes cumplan lealmente con los compromisos» sellados en ese texto firmado el 24 de noviembre del año pasado.
Este martes, en el Senado, estaba programada una cita en la que los congresistas acordarían el articulado final de la JEP, basándose en la sentencia de la Corte Constitucional.
Sin embargo, en la tarde la reunión se levantó porque los senadores presentes no se pusieron de acuerdo en tres artículos del proyecto, relacionados con inhabilidades, parapolítica y participación política de exguerrilleros de las Farc.
Finalmente, Rivera detalló que el Gobierno no tiene un plan B en caso de que el Congreso no apruebe la JEP, mecanismo de transición que contempla sanciones de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepte
