Desgarradores gritos de niños discapacitados destaparon el horror en que vivían en un internado de la ciudad colombiana de Ibagué, convertido en una auténtica «casa del terror» en la que según la Fiscalía eran torturados por sus «cuidadores», una historia que hoy tiene espantado al país.
PUBLICIDAD
Entre los tratos crueles a los que eran sometidos, los menores tenían que soportar que les arrojaran a la cara alimentos calientes, ser atados a las camas o el suministro constante de drogas tranquilizantes.
El internado, administrado por la Fundación Peces Vivos y situado en La Pola, un barrio acomodado de Ibagué, capital del departamento del Tolima, en el centro del país, resultó ser todo menos un lugar de acogida, según las autoridades que ya iniciaron una investigación que, agregaron, está cargada de «espeluznantes hallazgos».
El caso, definido como «triste y dramático» por la Fiscalía General de la Nación, involucra por el momento a 11 niños y adolescentes de ambos sexos con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años y en condiciones de discapacidad o extrema vulnerabilidad.
Las víctimas hacen parte de un grupo de cerca de 40 menores que al parecer durante años recibieron un trato inhumano por parte de 10 empleados de la fundación, que había sido contratada por el estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para cuidarlos.
«Once niños fueron durante mucho tiempo amarrados a sus camas. En ese estado se les suministró droga para facilitar un control supuestamente terapéutico sobre ellos y evitar actos de indisciplina», dijo a periodistas el fiscal delegado para la violencia contra los niños, Mario Gómez.
Los menores, agregó, eran sometidos a tratos inhumanos ante cualquier señal de desobediencia, como por ejemplo «no recibir los alimentos o comerse las uñas».
PUBLICIDAD
La situación, relató a medios locales una habitante del barrio La Pola, «llamaba la atención porque a diario se escuchaban gritos, (mientras que) las ventanas de la vivienda permanecían cerradas y no se permitía el acceso a nadie».
Sin embargo, el misterio de lo que ocurría en la «casa del terror», como era llamada la edificación por los vecinos, fue revelado en junio pasado, cuando un exfuncionario denunció ante la Fiscalía los abusos cometidos en ese centro, ubicado a escasas cuadras de la Alcaldía de Ibagué.
La investigación, por la que ayer fueron capturados 10 empleados, entre los que figura la directora del internado, permitió establecer que éstos amarraban a los menores a las camas para tenerlos controlados y en esa condición debían realizar sus necesidades fisiológicas.
«Se estaba aplicando un supuesto protocolo llamado ‘contenciones’, que consistía en acciones aberrantes que hacían sufrir a los niños», manifestó por su parte Róbinson Chaverra, director de la Fiscalía del Tolima.
Chaverra explicó que a los menores «les hacían ‘la mascarilla’, que consistía en regarles sopa caliente en la cara y luego quitársela mientras estaban amarrados de pies y manos».
La indignación de los ibaguereños no se ha hecho esperar ya que al conocer el caso fueron muchos los que se hicieron presentes hoy en el Palacio de Justicia al que fueron llevados los capturados para la formulación de cargos.
«Dicen que entre varios empleados tomaban a un niño de pies y manos y lo trataban como si fuera un costal», relató una de las vecina de La Pola a periodistas.
Estos actos fueron definidos por el fiscal delegado Mario Gómez como «criminales, crueles, inhumanos, degradantes y que deben ser absolutamente rechazados».
Entre los cargos imputados este viernes a los detenidos figuran los de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio.
De acuerdo con las autoridades, los niños, que actualmente se encuentran bajo el cuidado del ICBF para el restablecimiento de sus derechos y su recuperación síquica y emocional, fueron conducidos al Instituto Nacional de Medicina Legal en donde se recogieron pruebas físicas de los maltratos, así como sus testimonios.
«Rechazamos estas situaciones. No podemos aceptar que esto pase. Gracias a un exfuncionario pudimos conocer esta denuncia y los menores ya se encuentran protegidos», afirmó la directora del ICBF, Karen Abudinen, quien la próxima semana viajará a Ibagué para estar al frente de la investigación.
