Miles de solicitudes ha recibido el Gobierno para hacer parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que busca ser un mecanismo alterno que juzgue los delitos de los recién desmovilizados de las Farc o de aquellos agentes que asuman que actuaron delictivamente, motivados por el conflicto armado en el país.
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Sin embargo, el problema es que del listado de preaprobados, hay 352 dudas sobre personas que se estarían colando en la JEP, es decir, que no harían parte de las Farc y que además estarían escudándose en este mecanismo para no ser juzgados por la justicia ordinaria por delitos como narcotráfico, lavado de dinero y sicariato.
En entrevista con El Tiempo, el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, aseguró que están detrás de todo aquel que, de alguna manera, pretenda colarse en la JEP para no asumir todas las consecuencias de sus actos.
“El criterio de admisibilidad es que sean o no de las Farc. Si un miembro de las Farc es reconocido, sobre el que no hay ninguna duda de que sea de la organización, aunque sea extraditable, es acreditado. Dicho eso, lo que es claro es que no puede ninguna persona que no es de las Farc ser incluida en la lista, sea extraditable o no”, aseguró Rivera.
Y es que las Farc han retirado 25 nombres de la lista que fue entregada al Gobierno porque unos eran narcotraficantes y otros jefes de sicarios, lo cual nada tenía que ver con los listados que debían ser entregados.
El problema, es que los listados fueron entregados por las Farc y ellos mismos fueron quienes escribieron esos nombres sobre los que hoy se hace una exhaustiva investigación, a lo que Rivera respondió que serían responsables quienes sabiendo que una persona no pertenecía al grupo armado, recibiera sobornos para que un nombre sea incluido.
Por su parte, el procurador general, Fernando Carrillo, pidió explicaciones al Gobierno y a las Farc sobre por qué en los listados oficiales aparecían narcotraficantes que terminarían por recibir los mismos beneficios que un guerrillero.
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“En el caso de los colados, estamos esperando explicaciones tanto de las Farc como del Gobierno. Es inaceptable que se diera hace 20 o 30 años cuando no había mecanismos de vigilancia para el caso de los que acceden a ese tipo de beneficios, pues vaya y venga, pero estamos esperando respuestas”, afirmó Carrillo.
Rivera, por su parte, aseguró: “Aprendimos lecciones del pasado. Con base en ese proceso se adoptaron medidas excepcionales para recibir a los postulados. Las Farc responden por la exactitud y veracidad de la información. No nos temblará la mano para quitar una acreditación” y afirmó que el ojo está puesto sobre los que estarían pasando por vivos.
