La corrupción ya llegó a las altas cortes. Millonarias sumas fueron repartidas entre abogados, políticos, exmagistrados y congresistas para beneficiarse unos a otros.
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En la noche del martes los protagonistas del caso, que empezó con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quedaron al descubierto.
Gracias a pruebas enviadas por la justicia de Estados Unidos se supo que en el hecho, además de Lyons, Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla, también estarían involucrados los exmagistrados y expresidentes de la Corte Suprema José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, además de los senadores Hernán Andrade, del Partido Conservador; Musa Besaile, del Partido de la U, y el excongresista Luis Alfredo Ramos.
Las pruebas
Según la Fiscalía, en conversaciones entre Lyons, Moreno y Pinilla mencionan solicitudes de sumas de dinero o pagos “que se habrían hecho con intervención o conocimiento de los referidos abogados”. Dichas evidencias “dan cuenta que tales hechos están relacionados con proceso ante la Corte Suprema contra aforados constitucionales”.
Moreno, que actualmente está preso, es acusado de exigir gruesas sumas de dinero a Lyons, a cambio de actuaciones del director de la unidad anticorrupción en los casos contra el exgobernador.
Lyons es investigado por la Fiscalía porque durante su gobierno (2012-2015) habría sido pieza clave en el despilfarro de las regalías giradas por el Estado al departamento de Córdoba.
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Las investigaciones
Casi de inmediato la Corte Suprema pidió a la comisión de la Cámara de Representantes investigar a los dos expresidentes del alto tribunal, Bustos y Ricaurte, a quienes la Embajada de Estados Unidos también les canceló su visa.
«La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en atención a la gravedad que revisten estos hechos, le pide respetuosamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que obre con prontitud, diligencia y absoluto rigor», afirmó
el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández, luego de recibir pruebas enviadas por la Fiscalía.
También se pidió investigar a los senadores Hernán Andrade, del Partido Conservador, y Musa Besaile, del oficialista Partido de la U, al igual que al excongresista Luis Alfredo Ramos por los mismos hechos.
«De la investigación penal en contra de los congresistas vinculados a los actos de corrupción atribuidos a los exmagistrados (…) se ocupará inmediatamente una sala de instrucción de la sala de casación penal», agregó el presidente Fernández.
Cooperación de EE UU
El fiscal Martínez dijo que el próximo jueves, 17 de agosto, se reunirá en la ciudad de Puebla, México, con el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth Blanco, «donde evaluarán esfuerzos bilaterales de cooperación judicial, particularmente en la lucha contra la corrupción».
Así, este hecho se suma al actual caso de corrupción que enfrenta el país con la empresa brasileña Odebrecht, que también ha tocado a empresarios, senadores y exministros, muchos de ellos ya condenados y en la cárcel. ¿Pasará lo mismo en este caso?
¿Quiénes son?
El fiscal anticorrupción
Desde el 27 de junio fue capturado el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno por el delito de conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción en Colombia.
Los presuntos actos de corrupción se relacionan con el dinero que habría recibido en calidad de director anticorrupción, con el fin de beneficiar a Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, en investigaciones que se adelantan en su contra.
Francisco Ricaurte
El exmagistrado Francisco Ricaurte, uno de los involucrados en este escándalo, fue uno de los que se postuló para ser magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Su nombre figura en el listado de los candidatos que pasaron el primer filtro del Comité de Escogencia, quienes están encargados de seleccionar a los magistrados que tendrán el deber de juzgar a guerrilleros de las Farc y militares.
Alejandro Lyons
El exgobernador de Córdoba es investigado en el país por 20 delitos. Sin embargo, cuando conoció sus cargos viajó a Estados Unidos con la excusa de acompañar a su esposa a unos exámenes médicos.
Ahora es uno de los testigos protegido por la DEA, y ha sido clave para Estados Unidos en la investigación contra Luis Gustavo Moreno, que está a un paso de ser extraditado.