La Contraloría inició una indagación preliminar a Electricaribe, filial de la española Gas Natural Fenosa, para establecer si los subsidios que recibió del Gobierno entre 2010 y 2014 beneficiaron o no a los usuarios del servicio, informó la entidad.
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«Esta actuación permitirá, además, cuantificar el monto del daño al patrimonio estatal que se habría dejado de cuantificar durante el período antes citado», dijo la Contraloría en un comunicado.
La apertura de indagación la tomó la Contraloría a través de la delegada de Minas y Energía, luego de verificar que en 2015 y 2016 los recursos no llegaron a los usuarios «desnaturalizándose su propósito».
La Contraloría añadió que esos dineros «no fueron empleados para subsidiar el costo del consumo de energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, sino para cubrir las pérdidas de la empresa por la prestación del servicio de energía a dichas zonas».
El mes pasado, la Contraloría reveló que Electricaribe utilizó más de 78.500 millones de pesos que le giró el Gobierno para subsidiar alrededor de 600.000 usuarios «en un objeto totalmente distinto y presuntamente ilegal: disminuir sus pérdidas».
El hallazgo fue detectado por el organismo de control luego de analizar un promedio de 800.000 facturas mensuales expedidas durante los años 2015 y 2016, para un total de 19 millones de facturas revisadas aproximadamente.
Ante las denuncias de la Contraloría, Gas Natural Fenosa ha negado que su filial colombiana Electricaribe, intervenida en noviembre pasado y ahora en proceso de liquidación, usara dinero público destinado a subsidiar a usuarios de bajos recursos para disminuir sus pérdidas en el país.
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El Gobierno colombiano ordenó el pasado 14 de marzo la liquidación de Electricaribe, cuatro meses después de que fuera intervenida y luego de una fallida negociación para intentar una solución concertada con Gas Natural Fenosa.
En respuesta a la liquidación, la compañía española dio a conocer su intención de reclamar 1.000 millones de euros (unos 1.155 millones de dólares) al Gobierno a través de una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial.
La filial de Gas Natural suministra electricidad a 2,5 millones de clientes de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre.
