«Los presuntos pagos irregulares no ascendieron a 21.000 millones de pesos a la (tasa representativa de mercado) TRM en Colombia, es decir, los pagos de Odebrecht en Colombia no fueron como se dijo en el informe internacional de diciembre del año 2016 sino que habrían ascendido esas coimas a la escalofriante suma de 84.000 millones de pesos en Colombia», destacó Martínez.
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Como parte de las evidencias materiales probatorias, la Fiscalía ha inferido que la constructora efectuó pagos por 34.653 millones de pesos (unos 11,43 millones de dólares) a través de sus filiales en el país para la construcción de la ruta Ocaña-Gamarra, una adición a la Ruta del Sol.
«Hasta el momento se han identificado pagos irregulares por este concepto por valor de 34.653 millones de pesos, en los cuales varias personas habrían prestado su concurso como intermediarios y facilitadores de estas operaciones», reza la información de la Fiscalía que leyó Martínez. Ellos cobraron a su vez «comisión por esta labor, que la Fiscalía tipifica como lavado de activos, para posteriormente hacerlas llegar a sus destinatarios finales».
Hasta el momento, la entidad ha identificado que habrían utilizado cinco personas jurídicas como intermediarios, las cuales suscribieron contratos con la Concesionaria Ruta del Sol II y el Consorcio Constructor de la Ruta del Sol, filiales de Odebrecht.
Entre ellos, destaca el pago efectuado a una sociedad panameña por 2,73 millones de dólares (6.981 millones de pesos) «con el fin de elaborar estudios y diseños» para una vía. Esa suma de dinero fue pagada desde Colombia a través del mercado cambiario a un banco en Panamá.
«Luego de haberse transferido esta suma al exterior, dichos recursos habrían sido retornados nuevamente al país por conducto de una empresa colombiana ya identificada para posteriormente entregar los recursos», agrega la información.
Además, la Fiscalía continua trabajando para identificar a los beneficiarios de pagos «presuntamente simulados por valor de 18.500 millones de pesos» en 2010 y 9.400 millones de pesos correspondientes al 2014, que «habrían sido pagados bajo la misma modalidad de contratos simulados».
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De ese modo, y considerando la cuenta de los 11,1 millones de dólares al cambio de diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envío su informe, se llega a 84.103 millones de pesos.
Hasta el momento y por el caso de la concesión de la Ruta del Sol II y su adición de la vía Ocaña-Gamarra han sido detenidos el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, el exsenador Otto Bula, el exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Juan Sebastián Correa, además de los empresarios Enrique y Eduardo Ghisays, César Hernández y Gustavo Urrego.
Con base en esos hallazgos, imputarán cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos al ciudadano portugués Eder Paolo Ferracuti y los brasileños Marcio Marangoni y Amilton Ideaki.
Igualmente deberán responder por concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito Federico Gaviria, Eduardo Zambrano y Gustavo Torres, todos ellos empresarios.
También será citada para audiencia de formulación de cargos Basima Elías, quien «habría recibido dineros con destino al senador Bernardo Elías». Por ese mismo trámite pasarán los funcionarios del consorcio SION Mauricio Vergara y Gabriel Dumar, a quienes se imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
La Fiscalía también enviará un informe a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que investigue la conducta de los senadores Elías, Musa, Besaile, Plinio Olano y Antonio Guerra de la Espriella, «quienes han sido mencionados en las diligencias surtidas de la indagación como presuntos beneficiarios de estos pagos».
