Los cultivos de coca en Colombia volvieron a crecer en 2016 hasta las 146.000 hectáreas, lo que supone un aumento del 52 % en un año, y regresaron a los niveles de 2001, según los datos presentados hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
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En 2015, había en el país 96.000 hectáreas sembradas de coca y en 2014 eran 69.000, lo que da una idea de la magnitud de este fenómeno que viene en crecimiento sostenido desde 2013.
Las cifras se aproximan a los cálculos que hizo pública la Casa Blanca en junio pasado, cuando afirmaron que esos cultivos crecieron en Colombia durante 2016, un 18 % hasta alcanzar el récord de 188.000 hectáreas sembradas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas.
Entonces, el Gobierno de Donald Trump insistió en la necesidad de que Colombia retome la aspersión aérea con glifosato, un potente herbicida que el Gobierno dejó de utilizar en 2015.
Según la UNODC, la producción potencial de cocaína también creció pues pasó de 646 toneladas métricas en 2015 a 866 en 2016, lo que supone un incremento del 34 %.
Sin embargo, las incautaciones también crecieron en un 49 %, ya que en 2015 fueron confiscadas 253 toneladas y en 2016 ese número subió a 378.
Del informe «Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016», que fue presentado hoy, también se desprende que la mayoría de los cultivos están concentrados en seis departamentos.
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«El mayor crecimiento se registra en zonas fronterizas, especialmente en Nariño, Putumayo y Norte de Santander, los mismos territorios con mayor número de hectáreas reportadas en el informe del 2015», señala el informe.
Nariño, fronterizo con Ecuador, tiene el 29 % de las hectáreas de coca sembradas en todo el país, mientras que, entre sus departamentos vecinos, Putumayo tiene el 17 %; Cauca, el 9 %, y Caquetá, el 6 %.
Al otro extremo del país, Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, tiene el 17 % de los cultivos, concentrados fundamentalmente en la selvática región del Catatumbo, mientras que Antioquia (noroeste), tiene el 6 %.
Todas ellas son zonas particularmente afectadas por el conflicto armado de más de medio siglo con las FARC, que el pasado 24 de noviembre firmó un acuerdo de paz que, para el representante de la UNODC, Bo Mathiasen, es «una ventana de oportunidad» para atacar el problema de los cultivos ilícitos.
En su opinión, «el informe muestra un panorama complejo, una situación preocupante pero también un escenario que es propicio para una solución sostenible».
Eso se debe a que aunque «los datos apuntan a una ampliación del fenómeno», considera que empieza a consolidarse ese escenario de paz que implica una transición estratégica hacia poner el objetivo estatal en «la transformación y desarrollo de los territorios».
Sin embargo, las cifras de la UNODC muestran que desde el 2001, cuando se registró una cifra de 145.000 hectáreas sembradas, hubo un descenso progresivo hasta llegar al mínimo histórico de 48.000 en 2012.
En los siguientes doce meses no cambió el registro, pero desde 2013, ha habido un crecimiento vertiginoso que ha llevado a la cifra récord de 146.000 en 2016.
Los datos de la UNODC también muestran que el 22 % del territorio sembrado con coca lo ha estado permanentemente durante la última década, mientras que en el 36 % ha sido intermitente.
Por otra parte, el 5 % del territorio sembrado tuvo coca por primera vez en los últimos tres años y el 37 % la abandonó en ese periodo.
Otro dato que se observa en el informe, es que ha crecido ostensiblemente la coca sembrada en las comunidades negras (45 %), los resguardos indígenas (32 %) y los parques nacionales (27 %).
Ante este dato, el vicepresidente, Óscar Naranjo, aseguró que el Gobierno reconoce las cifras de la UNODC pero «no bajará la guardia».
«Que nadie se llame a engaño pensando que estas cifras inmovilizan al Gobierno», afirmó.
Naranjo, general retirado de la Policía y que dirigió esa institución entre 2007 y 2012, detalló que el Gobierno tendrá «determinación, integridad y una aspiración que queremos convertir en realidad de que el fin de los cultivos ilícitos sea sostenible en el país».
Por su parte, el alto consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo, recordó que el Gobierno colombiano tiene la intención de eliminar este año 50.000 hectáreas como parte de la implementación del acuerdo de paz.
Pardo destacó la importancia de contar con el apoyo de las FARC, puesto que ahora «están del lado de la sustitución de cultivos» y «no del otro», como sucedió durante el más de medio siglo que duró el conflicto armado.
