Pijao, en Quindío, y Arbeláez, en Cundinamarca, se unieron este domingo a Cajamarca, Cabrera y Cumaral, los otros municipios que votaron no en una consulta popular en la que preguntaron a sus habitantes si estaban de acuerdo con las actividades mineras en su región.
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Este hecho ha despertado un debate nacional alrededor del tema, debido a que algunos señalan que la minería legal es vital para la economía del país, mientras que otros abogan por los derechos de los votantes.
El punto, ahora, se centra en el futuro de estas poblaciones y de las otras que próximamente realizarán una consulta popular ya que la Corte Constitucional así lo permitió.
En Pijao, por ejemplo, 2613 ciudadanos votaron por el no, mientras solo 25 votaron por el sí. Mónica Liliana Flórez, una de las promotoras del no, trabajó con cada una de las veredas de esta población explicando la importancia de salir a las urnas el pasado domingo.
En este municipio la situación es un poco diferente a los demás lugares en los que se practica o se busca practicar la minería y Flórez ha sido vital en ese cambio, ya que dicha población es la única en Latinoamérica que hace parte de la lista ‘CittaSlow’ o ciudades sin prisa, un movimiento que busca preservar un estilo de vida tranquilo, saludable y más amigable con el medio ambiente.
A pesar de esto, en la actualidad Pijao cuenta con 6 títulos mineros y 8 solicitudes mineras de exploración de oro, plata y níquel de empresas relacionadas con Anglo Gold Ashanti, la misma compañía que continúa con la extracción minera en Cajamarca a pesar del resultado de la consulta popular que lo prohibió.
¿Se cumple la ley del pueblo?
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Lo paradójico de este tema es que a pesar de los resultados de las votaciones, tal parece que la suspensión de las actividades mineras no se haría de inmediato, ya que para eso tendría que presentarse un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en cada población.
A pesar de eso, Natalia Pérez Amaya, investigadora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, recordó que la consulta popular es vinculante y de obligatorio cumplimiento para las autoridades gubernamentales, según lo establecido por la ley.
En el caso de Cajamarca, donde el 98% de los votantes estuvieron en contra de la minería, se debe declarar “una zona de exclusión de la minería y por lo tanto, el Concejo, la ANM, Cortolima, el Ministerio de Ambiente, la ANLA, y demás autoridades, deberían acatar la decisión soberana”.
¿Qué pasa si se suspende la minería legal?
El analista Jorge Restrepo manifestó que Colombia no podría reducir la pobreza a los niveles que debería reducirse sin los recursos de la minería.
“Es una actividad económica que es beneficiosa para la nación. Al excluirse un territorio de la explotación de minas y petróleo le genera un costo enorme al resto de la nación y ese costo lo asumirían todos los colombianos por igual”, dijo a Publimetro.
Para él, el problema no es causado por la minería legal sino por la ilegal y por las organizaciones que deben regular su funcionamiento.
“Estas consultas lo que buscan prohibir la minería legal, aquella que cumple con unos requisitos y que debe cumplir con estándares ambientales. Eso supone que quienes tienen ventajas competitivas son los productores ilegales, que el Gobierno nunca ha podido controlar”, agregó.
Por eso, según Restrepo, la solución no está en prohibir, sino en “institucionalizar y mejorar esos controles”.
