El miércoles fue un día de reuniones entre el Gobierno y miembros de las Farc, en las que seguramente discutían el futuro del acuerdo y las decisiones que deben tomar para salvarlo. Aunque las opciones son pocas.
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Ampliar las fechas para la dejación de armas y proponer a los congresistas votar en bloque a pesar de lo que ordenó la Corte son algunas de las soluciones, pero hasta el momento no se ha anunciado nada al respecto.
Hay un profundo silencio por parte del Gobierno y una gran indignación en la guerrilla por este hecho que, para muchos, es peor que el resultado del plebiscito para la paz.
Implementación a paso de tortuga
“Con el fallo de la Corte lo que se está haciendo es renegociando los acuerdos, porque los congresistas podrán modificar los artículos”, manifestó a Publimetro Imelda Daza, representante del movimiento Voces de Paz, teniendo en cuenta que la decisión del alto tribunal, al declarar improcedente la prohibición al Congreso de modificar los proyectos de ley presentados mediante el ‘fast track’, abre la puerta para que los congresistas voten artículo por artículo en cada proyecto, hecho que también retrasará la implementación del acuerdo.
«Así no terminaremos nunca de normativizar el acuerdo», dijo Daza, quien agregó que esa es «una manera elegante de sabotear el proceso».
Por eso la política, que perteneció al partido Marcha Patriótica y después de 22 años en el exilio en Suecia decidió volver al país para vigilar la implementación del acuerdo de paz en el Congreso, manifestó que ni la Corte ni el Congreso pueden «borrar de un plumazo el esfuerzo de cinco años de negociación» en La Habana.
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Seguridad
Además de la implementación, el otro riesgo latente tiene que ver con la seguridad de los miembros de las Farc, a quienes ya se les acaba el tiempo para permanecer en las zonas veredales y entregar las armas, y el Gobierno todavía no confirma la ampliación del plazo.
«Uno piensa que la solución más lógica es aplazar ese día D+180 mientras se resuelve la seguridad jurídica y la seguridad personal» de los guerrilleros, indicó Daza, quien ve el panorama oscuro.
«No hay seguridad jurídica para ellos (los guerrilleros). El fiscal puede llevarlos presos, puede hasta extraditarlos”, agregó.
Por eso le pidió al presidente Juan Manuel Santos “que asuma las riendas del proceso de implementación del acuerdo, que utilice las facultades que la ley le da para retomarlo todo de nuevo y encauzar el proceso como venía dándose».
Reforma rural
Para Daza y para los miembros de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), el Gobierno les hizo trampa al modificar el proyecto de reforma rural que se pactó en La Habana y que, para la guerrilla, es el más importante.
“El Gobierno cambió lo que la CSIVI aprobó como proyecto de ley de tierras. ¿Por qué no lo consultó antes con ellos en La Habana? La tierra ha sido la causa original del surgimiento de todas las guerrillas”, dijo la representante de Voces de Paz.
Sobre este tema, la comisión aseguró que el proyecto radicado “no sólo no corresponde a la versión elaborada conjuntamente por la CSIVI, sino que introdujo cambios abiertamente contrarios a las disposiciones acordadas”, como darle beneficios a grandes propietarios y no a los campesinos.
