Hay un controvertido caso judicial en Sucre que afectaría los recursos para la reparación de las víctimas del país debido a que, de resultar favorable para los demandantes, el Estado tendría que pagar 2,1 billones de pesos.
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Pero eso no es lo preocupante ya que, de este dinero, 210.000 millones de pesos serían para el abogado que sacó adelante la demanda.
Según El Tiempo, la demanda fue interpuesta por un grupo de personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado y pidieron al Estado ser indemnizadas por los daños causados y la falta de atención.
Aunque las víctimas están en todo su derecho a interponer una demanda por este hecho, lo curioso del caso son las implicaciones que traerá al país, teniendo en cuenta que la juez ordenó pagar el 10% de la condena al abogado que llevó el proceso por concepto de honorarios.
De esta manera, se le tendría que pagar 210.000 millones de pesos que, así como lo indica el medio, equivale al 30% del presupuesto que destina el Gobierno para un año para la reparación de todas las víctimas del conflicto del país.
Por ejemplo, para el 2017 el presupuesto fue de 700.000 millones de pesos.
