La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre el riesgo en el que viven las comunidades indígenas y afros del municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó, por la disputa entre grupos armados en esa región.
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«El municipio de Riosucio se mantiene en riesgo de desplazamiento forzado y otras posibles afectaciones a la población por causa de la disputa entre grupos armados ilegales», afirmó el organismo defensor en un comunicado.
Agregó que entre enero y marzo de este año se han reportado 1.206 personas desplazadas y 815 familias en situación de confinamiento.
Según la Defensoría, desde el pasado 2 de mayo se han movilizado a la zona urbana del municipio representantes de dichas comunidades para exigirle al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las FARC.
Las comunidades recuerdan que el Gobierno les debe garantizar la no repetición de los hechos victimizantes, el desminado de las cuencas, la entrega de los territorios libres de actores armados y minas antipersona, la implementación de proyectos productivos para los procesos de retorno y el reconocimiento como sujetos de reparación colectiva.
«Los integrantes de los pueblos Embera Dovidá, Katío, Chamí, y Wounáan y las comunidades negras de las cuencas de los ríos Salaquí, Domingodó, Truandó y Jiguamiandó han sido víctimas de graves vulneraciones a los Derechos Humanos desde el año 2015 con la incursión» de la banda criminal Autodefensas Gaitanistas y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)», agregó la Defensoría.
La confrontación entre estos grupos armados por el control territorial ha generado desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas a líderes, reclutamientos forzados y la instalación de minas antipersonas.
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Así como restricciones a la libre movilidad que impide el acceso a las zonas de cultivo, cacería y pesca que afecta gravemente la seguridad alimentaria de las comunidades, reseñó la información.
Atendiendo a la delicada situación que ha llevado a las comunidades a movilizarse en la cabecera municipal de Riosucio, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno a atender las peticiones de las comunidades y respetar sus derechos fundamentales a la autonomía y autodeterminación.
