Dos militares colombianos fueron condenados a 26 años de prisión por la ejecución extrajudicial de un joven ocurrida en 1995, informó hoy el Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo».
PUBLICIDAD
«El pasado 6 de abril, el Tribunal Superior de Bucaramanga condenó a 26 años de prisión como autores responsables del homicidio agravado de Wilfredo Quiñones Bárcenas, el 3 de septiembre de 1995, al entonces soldado voluntario Luis Enrique Pineda Matallana y al entonces Teniente Coronel Jairo Alberto Prieto Rivera», indicó el colectivo en un comunicado.
La decisión revoca una absolución en primera instancia, pero deja en firme la absolución por el homicidio de otros dos jóvenes ocurrido en las mismas circunstancias.
Según el Colectivo de Abogados, los tres individuos salieron de sus hogares en horas de la noche para asistir a una fiesta que se realizaría en el barrio La Floresta, de la ciudad de Barrancabermeja (noreste).
Los padres de uno de los jóvenes preocupados por la tardanza de su hijo lo buscaron en las estaciones de policía y en un cantón militar.
Precisamente, indicó el colectivo, «en el batallón un soldado les informó que habían llevado a tres muchachos a esas instalaciones, pero el oficial de guardia desmintió la información».
Sin embargo, un día después el cuerpo de Wilfredo Quiñones apareció con signos de tortura.
PUBLICIDAD
José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez también fueron hallados muertos en cercanías al aeropuerto, a escasos metros de una base militar.
De acuerdo con la recopilación de información que realizaron las autoridades, el teniente Jairo Alberto Prieto Rivera presentó la muerte de Wilfredo Quiñones como una «baja en combate», alegando que no se detuvo ante la solicitud de las «tropas» y trató de correr.
«Se hicieron varios disparos al aire para intimidarlo y la respuestas que recibimos fue que el individuo contestó los disparos. Al recibir fuego se procedió a contestar y dando como resultado la baja del sujeto Quiñones, encontrándosele una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor para la misma, cuatro cartuchos y dos vainillas», indicó el uniformado.
A pesar de ello, varios testigos interrogados durante el proceso sostuvieron que los tres muchachos fueron perseguidos, golpeados y detenidos por miembros del Ejército que se movilizaban en dos vehículos, y que se encontraban haciendo retenes y requisas para hallar a los responsables del asesinato de cuatro soldados días anteriores.
El caso de la ejecución extrajudicial de los tres jóvenes fue presentado en 2003 por sus familiares, con el acompañamiento del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo admitió en 2009 y posteriormente emitió un informe en el cual se responsabiliza al Estado colombiano por los crímenes.
Ante el incumplimiento de las recomendaciones dadas por la Comisión, esta determinó presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Próximamente el Estado Colombiano deberá responder en el juicio por estos crímenes y otros tres casos similares que se encuentran acumulados», precisó el colectivo.
Como «falsos positivos» se conoce en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares que presentaban a las víctimas como guerrilleros caídos en combate para ser premiados por sus superiores
