El Tribunal Supremo de Venezuela anunció hoy que renuncia a asumir las funciones del Parlamento, después de que el presidente Nicolás Maduro pidiera a la corte que revisara la sentencia que retiraba sus poderes a la Asamblea Nacional.
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En un comunicado, el Tribunal Supremo venezolano informa de que «suprime» algunas partes de la citada sentencia y deja sin efecto su anterior decisión de asumir las competencias parlamentarias del Parlamento.
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Maduro pide al Tribunal Supremo revisar su decisión sobre el Parlamento
En medio de la presión internacional y las denuncias de la oposición, el Consejo de la Defensa de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo revisar las sentencias que dejaron sin funciones al Parlamento.
En un mensaje transmitido la pasada madrugada a la nación por radio y televisión, Maduro afirmó que se había tomado esa decisión con el apoyo «unánime del poder ciudadano» y los restantes miembros del Consejo de Defensa de la Nación.
«Queda superada esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo», indicó Maduro, quien presidió la reunión del Consejo de Defensa de la Nación en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.
Los integrantes del Consejo de Defensa acordaron «exhortar» al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, Supremo) a revisar las dos sentencias que despojaron al Parlamento (Asamblea Nacional, AN) de sus funciones.
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«Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano», dice el acuerdo del Consejo leído por el vicepresidente, Tareck El Aissami.
«Hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia, que con la lectura de este comunicado y la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156, queda superada esta controversia», afirmó poco antes Maduro en su alocución antes de que El Aissami leyera el documento.
Con esto quedan demostradas «las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar con nuestra Constitución», destacó el presidente venezolano.
Otro punto del acuerdo al que llegó el Consejo fue ratificar que el máximo tribunal, en su Sala Constitucional, «es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional», así como «la resolución de los conflictos entre poderes».
Maduro había convocado a este Consejo con el objetivo de «resolver» lo que calificó de «impasse» derivado de la posición del Ministerio Público frente a la sentencia en la que el TSJ se atribuye las funciones del Parlamento, debido a la situación de «desacato» en la que este se encuentra.
Asimismo, la instancia reiteró que «los desequilibrios y conflictos entre las distintas ramas del poder público nacional se encauzan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes», e insistió en la disposición del Gobierno al «diálogo fecundo» con su oposición política.
El Consejo de Defensa de la Nación se instaló «oficialmente», a pesar de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, estuvo ausente.
Horas antes, en rueda de prensa, Ortega expresó su «alta preocupación» y alertó sobre el riesgo de «ruptura del orden constitucional».
Tampoco estuvo en la reunión del Consejo el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges.
Según Maduro, durante la reunión del Consejo «hubo conversaciones» con la fiscal.
Por otra parte, Maduro repudió «categóricamente» cualquier intervención que «atente contra la independencia» y la integridad territorial de la nación caribeña.
En ese sentido, rechazó «el intervencionismo grosero» que, a su juicio, algunos gobiernos extranjeros «pretenden dictarle a Venezuela«.
El anuncio llega horas antes de las convocatorias de protestas organizadas por la oposición para este sábado contra el gobierno de Maduro a quien acusan de haber dado un «golpe de Estado».
La situación en Venezuela será analizada hoy por los países del Mercosur, y el lunes por la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha convocado una reunión extraordinaria de su consejo permanente.
