Luego de la victoria del ‘No’ en Cajamarca, Tolima, sobre si los habitantes del municipio querían que se realizarán actividades mineras en su territorio, se abrió el debate sobre si la consulta popular, celebrada el pasado 26 de marzo, realmente puede frenar la construcción de la mina La Colosa, ubicada en la vereda La Paloma.
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El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, pareció fulminar las esperanzas de los 6.165 cajamarcunos que le dijeron NO a la gigante minera, AngloGold Ashanti.
Aunque expresó que la decisión de la comunidad es respetable y que las autoridades deben acatar la decisión de carácter político que va a tener implicaciones sobre el concejo municipal y el alcalde, afirmó que tal consulta no tiene validez frente los permisos que tiene la constructora, pues “no es vinculante”.
Sin embargo, Renzo Alexander García, uno de los líderes sociales que promovió la consulta en el municipio tolimense, fue claro en afirmar lo contrario a lo que manifestó el Gobierno colombiano: “existen dos leyes que son reglamentarias en el marco de las consultas populares y son la 134 de 1994, la 1757 de 2015, que de manera expresa dice que la voluntad popular que se asume en esos consensos populares debe ser acatadas por las autoridades nacionales, regionales o municipales y que además son decisiones vinculantes”.
Arce se pronunció en contravía y deslegitimó la votación “la consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley, no tiene el poder de hacerse retroactiva, es decir, de invalidar decisiones tomadas hacía atrás. Esta decisión, de orden político, no tiene la capacidad de afectar un procedimiento administrativo que todavía no se ha adelantado”.
Y es que, a lo que hace referencia el ministro es que en este caso, en específico, no se le podrían revertir los permisos a la minera internacional, para seguir con la exploración previa de los territorios y que en definitiva, quienes decidirán si se realiza la explotación de la montaña, serán las autoridades ambientales pertinentes, en este caso la Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, quien podría rechazarlo.
Otro de los interrogantes, de las polémicas y de los duros cuestionamientos por parte del Gobierno es que las consultas solo le dan vía libre a la ilegalidad: “Si dejamos de apoyar a quien lo quiera hacer bien, a quien lo quiera hacer de manera formal, cumpliendo con los estándares técnicos, generamos una condición de riesgo. Un riesgo enorme de que lleguen a ese territorio los actores ilegales”, manifestó.
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En términos judiciales ¿vale o no, la consulta?
Según el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, la consulta vale en el sentido que los cajamarcunos la pensaron. “La decisión que toma la ciudadanía en una consulta popular es vinculante y obligatoria. La ley establece de forma clara que si la votación en la consulta supera el umbral la decisión que obtenga la mitad más uno de los votos válidos debe respetarse y materializarse”.
“Se esperaba que el Gobierno no reconociera el resultado, lo cual hace que la pelea, que ahora será jurídica, no haya terminado el día de las votaciones”, asegura Valentina Camacho, miembro del Comité ambiental de Cajamarca.
