La Corte Constitucional tumbó hoy el primer decreto que el Gobierno expidió mediante el mecanismo de «fast track», y con el que pretendía que la Agencia de Renovación del Territorio pasara a ser parte de la Presidencia y no del Ministerio de Agricultura como estaba hasta el año pasado.
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La decisión del alto tribunal envía un mensaje al presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que el «fast track» (la vía legislativa rápida para dar trámite a las normas y reformas constitucionales necesarias para implementar jurídicamente el acuerdo de paz), no puede ser una vía para que tramite todas sus propuestas.
«Tiene que haber un señalamiento claro de las razones que justifican acudir a los procedimientos extraordinarios previstos en el acto legislativo, que son unos procedimientos que reducen ampliamente los espacios de deliberación y los tiempos de decisión, y, por consiguiente, los tiempos de acudir a esos mecanismos deben estar claramente justificados», explicó a periodistas el presidente de la Corte, Luis Guillermo Guerrero.
Al referirse específicamente al decreto, el presidente de la entidad aseguró que «no se realizó la justificación sobre la necesidad estricta de la medida en los términos que la Corte había planteado. Por esta razón, se decidió la inexequibilidad de ese decreto», dijo.
El decreto fue firmado en diciembre de 2016 por el presidente Santos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el ministro de Agricultura, Aurelio Irragori, y el director del departamento administrativo de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez.
El llamado que le hace la Corte Constitucional al presidente Santos «es que verifique bien los decretos que se van a presentar, pues ya son seis los que se estudian, entre ellos la Ley de Amnistía», agregó el magistrado.
La Agencia para la Renovación del Territorio tiene como función auxiliar los municipios priorizados por el Gobierno y que por sus condiciones en materia económica, social y de seguridad tienen un nivel de desarrollo inferior al promedio nacional.
