Otro escándalo salpica a La Guajira y pareciera que esta ya no aguanta uno más. El vigente gobernador, Wilmer González Brito, está a punto de caer en la cárcel, de nuevo, por problemas de corrupción y delitos electorales. La que pareciera ser la maldición de las mil y una noches para el departamento más al norte del país, se prolonga.
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La cifra
Según la Fiscalía, González Brito habría dejado de declarar al Partido de La U y al Consejo Nacional Electoral, más de $2.000 millones de pesos gastados en su campaña para acceder a la gobernación de La Guajira en noviembre del 2016. González Brito ganó las elecciones con 99117 votos, 9000 votos más que su oponente directo.
Otro de sus gobernadores es señalado y ya tiene preso a Fabio David Velásquez, el alcalde de Riohacha, la capital. Tras la grave situación, el Gobierno estudia la posibilidad de decretar emergencia social y económica y determinar quiénes regirán los destinos del departamento, por lo menos hasta que termine el periodo Santos.
¿Qué plan de acción se ejecutaría? En definitiva, el presidente Juan Manuel Santos rechazaría la posibilidad de unas nuevas elecciones atípicas, y designaría a alguien de confianza, que evidentemente tendría que ser de La U. Se habla de la posibilidad de Nemesio Roys Garzón, subdirector general de Programas y Proyectos, en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Según fuentes cercanas a presidencia, desde ya se estarían preparando todos los proyectos de intervención por parte del gabinete ministerial para sanear las áreas que más preocupan a La Guajira: economía, salud, educación, alimentación, agua y la corrupción, quizá el monstruo más grande que se come al departamento.
Los gobernadores
Han sido muchos. Desde 1995 La Guajira se ha visto gobernada por las mismas castas familiares, que de alguna u otra forma han desangrado al departamento. Dos ‘gamonales’ se encargaron de alimentar la guerra política que se ha marcado por destituciones, inhabilidades, juicios, condenas, imputación de cargos y homicidios
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Los primos Jorge Ballesteros Bernier y Jorge Pérez Bernier se encargaron de dividir las cargas políticas y aunque en un momento fueron grandes aliados, su relación se rompió cuando Pérez incumplió uno de los pactos de respaldo de elección y separó sus objetivos de los de su primo Jorge dando rienda suelta a una seguidilla de gobernadores manchados.
En el 97 asume el poder el conocido Álvaro Cuello Blanchar, celebre por su folclorismo y amor por la música y las costumbres guajiras. Su popularidad no bastó para que la Procuraduría General de la Nación no lo destituyera e inhabilitara por cinco años.
«Los hechos se generaron en el año 2000, cuando el entonces Gobernador de la Guajira, Alvaro Cuello, suscribió un contrato con un abogado particular, quien debía reclamar en nombre del departamento, el valor de las obras eléctricas construidas por Electroguajira S.A. E.S.P, en proceso de liquidación, con recursos del mismo ente territorial», afirmó la Procuraduría.
Según el ente de control, Cuello Blanchar pagó al defensor «por asumir la defensa de los intereses del departamento de La Guajira, 1160 millones de pesos, suma excesiva a juicio del Ministerio Público, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por el abogado».
En el 2000, con el nuevo siglo llegaron las ilusiones de los lugareños de cambiar el rumbo con el abogado Hernando Deluque Freyle. La oportunidad de los sectores sociales más bajos llegaba con el movimiento la ‘Nueva Guajira. Una esperanza que se aguó cuando el Consejo de Estado anuló las elecciones 2000-2003 por fraude en los comicios y la Procuraduría lo sancionó y destituyó por darle continuidad al contrato del abogado “con el absoluto conocimiento que los dineros adeudados por la electrificadora y que constituían el objeto del contrato de prestación de servicios profesionales no ingresarían a las arcas del departamento”.
Su sucesor no tuvo mejor suerte. José Luis González Crespo, gobernador de La Guajira para el periodo 2004-2007, actualmente se encuentra condenado, preso e inhabilitado, por ser el responsable de intervenir en licitaciones y otorgamiento de contratos con empresas de recursos públicos, lo que lo tienen ‘enterrado’ en La Picota.
Alrededor de $1000 millones de pesos, que debían quedar en manos de La Guajira, se quedaron en manos de tres empresas de servicios públicos tras irregularidades en 15 contratos que José Luis González Crespo firmó de forma irregular, según la Fiscalía.
Uno de los gamonales se alzó con el poder en 2006 y se convirtió en uno de los gobernadores menos salpicado por los escándalos, pero carga a cuestas ser el líder que llevó a Deluque y a Cuello al máximo cargo público por ocupar en el departamento.
Lo que hasta ahora luce como un relato sombrío y sucio por la corrupción no se compara con la historia de terror que vive La Guajira por cuenta del gobernador que ocupó el palacio de La Marina de 2011 a 2014, José Francisco Gómez Cerchar alias ‘Kiko’ Gómez, alias ‘Pablo Escobar de La Guajira’ como lo llamó la en ese entonces periodista, Claudia López.
Entre los vínculos de Gómez se encuentra Marcos Figueroa, delincuente capturado por su participación en el paramilitarismo, por más de cien homicidios a su cargo, entre ellos, varios funcionarios públicos de la Guajira de los que, según las autoridades, ‘Kiko’ fue el autor intelectual.
Gómez abrió la puerta a los problemas de corrupción con los dineros de la alimentación de los niños del departamento, nexos con el paramilitarismo, celebración indebida de contratos, secuestros, homicidios. La Fiscalía lo condenó a 55 años de prisión «como determinador de los homicidios de la alcaldesa de Barrancas Yandra Cecilia Brito Carrillo, su esposo Henry Ustariz y el escolta Wilfrido Fonseca Peñaranda», afirmó el ente investigador.
Todo esto se convirtió en una serie de golpes de los cuales La Guajira aún no se repone. Pero, como si fuera poco les dejó a Oneida Pinto, la prueba reina de que todo puede ser peor.
Pinto asumió el poder con aval de Cambio Radical, al igual que ‘Kiko’, quien le dio su bendición electoral. Avales por los que hoy nadie responde. Su elección fue anulada por el Consejo de Estado tras 22 días en el poder, nuevamente por comprobarse irregularidades en las elecciones atípicas de 2014 y su postulación. Ahora afronta líos judiciales por amenazar la vida de quien la sucediera, Jorge Enrique Vélez.
¿Cuál es la salida?
Un fallo del Tribunal Superior de Bogotá obligará al presidente Juan Manuel Santos a pronunciarse sobre la posibilidad de decretar un estado de excepción por la grave situación de emergencia social, económica y ecológica en la que se encuentra sumida La Guajira. Una tutela fallada a favor de Carolina Sáchica, abogada de la comunidad Wayúu, en donde solicita estudiar la posibilidad de decretar el estado de emergencia en el departamento, tendría la posibilidad de que las cosas cambien para la comunidad indígena y para la ciudadanía en general. ¿Podrá el Gobierno sanear las finanzas del departamento? Uno de sus retos será iniciar un plan de mejoramiento en temas como la alimentación que hoy preocupa al país por las múltiples muertes de los niños wayúu, los líos en la contratación y muchas cosas más. Se espera la notificación al presidente y las 48 horas para que se pronuncie y se entrevea lo que viene para uno de los departamentos más golpeados por el monstruo que se come a Colombia, la corrupción.
