Al entregar el primer informe sobre la situación humanitaria en las fronteras del país, las entidades resaltaron «una especial preocupación por los afrodescendientes e indígenas» y recomendaron que el Gobierno colombiano haga «más efectivos y eficientes los mecanismos de atención a dichas comunidades».
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Los organismos precisaron que, a pesar de la existencia de un desarrollo normativo y jurisprudencial para la protección y supervivencia de los grupos étnicos, se hacen urgentes las acciones para mejorar sus condiciones de vida.
Asimismo, se requiere un arduo trabajo para «la protección física, cultural y del territorio, y el fortalecimiento del Gobierno propio».
Para la realización del informe la Defensoría del Pueblo colombiana y Acnur llevaron a cabo una labor de campo en las zonas fronterizas de Colombia con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, e hicieron 4.153 encuestas a la población.
Entre los hallazgos se destaca que persisten las brechas en el acceso de las víctimas del conflicto armado a la oferta institucional, y en la protección de sus derechos fundamentales.
También, se determinó que siguen vigentes «los flujos migratorios irregulares, tales como desplazamiento forzado, tráfico y trata de personas, dificultades para el acceso a la documentación y a condiciones dignas de recepción en el país de acogida, afectaciones al derecho a la vida, abandono o despojo de bienes inmuebles, y riesgos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes».
Por lo anterior, en el informe se indicó que «las instituciones en zonas de frontera requieren un fortalecimiento para la implementación de políticas y programas que garanticen el acceso a derechos fundamentales, la superación de la pobreza extrema y la satisfacción de necesidades básicas».
