Una seria polémica se ha venido desarrollando en los últimos días con el código disciplinario que Alejandro Ordóñez aprobó cuando era procurador de la Nación. Ordóñez explicó en diálogo con PUBLIMETRO que la norma no solo no está diseñada para beneficiar a exfuncionarios como Fernando Londoño, sino que de hecho agrava las penas contra servidores públicos.
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El caso fue denunciado por CM&, que destacó que el código disciplinario aprobado en 2015 recortó ciertas multas de largo alcance. Para las faltas gravísimas que fueron cometidas con culpa pero sin dolo, se recortó la pena a la mitad: las sanciones pasaron de 10 a 20 años, a ser de 5 a 10 años.
Según dijo a Caracol Radio el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, uno de los beneficiarios de esta norma era el exministro Fernando Londoño, sancionado a 15 años por una intervención indebida en política y a otros 12 por, según el fallo, calumniar al abogado defensor de los hermanos Rodríguez Orejuela cuando era ministro de Justicia.
Con el nuevo código, según Bernal, la sanción de 15 años por conflicto de intereses sería reducida a la mitad. «O sea que habrá disminución de inhabilidades y la necesidad que puedan volver a entrar a la administración», destacó.
Ordóñez se defiende
En diálogo con PUBLIMETRO, Ordóñez explicó el código disciplinario que impulsó durante su extendido paso por la Procuraduría, y destacó que, si bien las faltas graves tendrán una reducción de sanción, esta no aplicará al exministro de Interior.
«La reducción de penas solo aplica para fallas gravísimas con culpa, no con dolo. La decisión que firmó el exprocurador [y hoy contralor general] Edgardo Maya sancionó a Londoño con dolo, por lo que el término de la sanción debe mantenerse», afirmó.
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Así mismo, el exprocurador destacó que dicho artículo fue discutido intensamente durante la aprobación del código en el Congreso, «y en esa discusión participó la senadora Claudia López, Alexánder López Maya fue el ponente, y también participó activamente el ministro de Justicia Yesid Reyes». Ordóñez destacó que el artículo no fue rechazado por el presidente Juan Manuel Santos ni por la Corte Constitucional.
Finalmente, el líder ampliamente mencionado como candidato presidencial (ver recuadro) recordó que en su paso como procurador entre 2008 y 2015, la entidad sancionó a más de 8000 sancionarios, entre los que se cuentan más de 1600 alcaldes y 24 gobernadores. «Algunos de estos podrán ser beneficiados por la norma, pero esta decisión corresponde al actual procurador [Fernando Carrillo]», remató.