Los precandidatos presidenciales Claudia López y Antonio Navarro hacen parte de un grupo de promotores de la Alianza Verde que radicaron ante la Registraduría Nacional una consulta anticorrupción, con la que se busca castigar no solo los casos de corrupción en grandes obras sino todas las oportunidades de los políticos para lucrarse con los dineros públicos.
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La convocatoria deberá conseguir que cinco millones de personas firmen a favor de siete peticiones que buscan reducir la corrupción en las entidades públicas. Si se consiguen las firmas, estas serán radicadas para presentar la solicitud ante el Gobierno y realizar en un año la consulta popular.
Los promotores de la consulta destacaron que los requisitos de 5 millones de firmas para realizar el llamado a urnas, y 11 millones de votos para aprobarla, son muy elevados. A pesar de esto, se mostraron confiados de que conseguirán este apoyo, debido a que su aprobación es de cumplimiento obligatorio para el Gobierno.
Los senadores López y Navarro, la representante Angélica Lozano y los concejales Antonio Sanguino y Rodrigo Romero, destacaron que la consulta que promueven trata de consolidar todas las propuestas para disminuir la corrupción que no han podido pasar por el Congreso (ver recuadro), entre las que se cuentan la reducción de salario de los congresistas y la obligación de estos a rendir cuentas.
“Este es un país terriblemente desigual por eso es necesario obligar a los políticos a que respondan y sean transparentes con el país. Si el Congreso no es capaz de hacerlo, el pueblo con esta consulta le dará un mandato directo al presidente”, indicó Lozano.
Por su parte, López aseguró que la consulta anticorrupción demostrará a los políticos que «somos mayoría los que estamos cansados de la politiquería, de la mermelada y de los acuerdos por debajo de la mesa. Tenemos que obligar al próximo Gobierno y al próximo Congreso a que adopte medidas indispensables para derrotar este mar de corrupción en el que estamos”, aseguró.
En efecto, el país se encuentra en una situación crítica más allá de los problemas presentados en el caso Odebrecht. Colombia ocupa el puesto 83 entre 167 países en percepción de la corrupción pública de Transparencia Internacional, y según la Contraloría General de la Nación, en 2013 se perdieron $14 billones del presupuesto por la actuación de los políticos corruptos.
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La recolección de firmas empezaría a finales de enero,
“Es momento de llevar la indignación a la acción y por eso radicamos esta solicitud ante la Registraduría para que los colombianos se puedan expresar con sus firmas y sus votos. Es necesario hacerle frente a la corrupción de las clases políticas tradicionales y obligarlos a ser transparentes”
Las propuestas
La convocatoria a la consulta anticorrupción buscará que los colombianos apoyen estas siete propuestas:
- Un límite de máximo tres períodos consecutivos en las corporaciones de elección popular (Congreso, asambleas, concejos).
- Publicar anualmente las declaraciones de bienes, patrimonio, renta, impuestos y conflictos de intereses como un requisito para que todos los elegidos por voto popular se posesionen y ejerzan su cargo.
- Audiencias públicas para asignar, desglosar y priorizar los presupuestos oficiales. Así mismo, vigilancia pública de la ejecución de recursos.
- Obligar a los congresistas a realizar una rendición pública de cuentas y gestión política y legislativa.
- Terminar sin derecho a indemnización todos los contratos entre el Estado y personas condenadas por delitos contra la administración pública.
- Retirar los beneficios como reclusión especial a las personas condenadas por corrupción.
- Reducir el salario de los congresistas a 25 salarios mínimos mensuales vigentes ($18,4 millones).
