Lo que la Corte deberá analizar es si es constitucional este mecanismo que permitirá facilitar la aprobación de las leyes necesarias para implementar el acuerdo, como la ley de amnistía que las Farc han pedido para poder movilizarse tranquilamente a las zonas de concentración.
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El ‘fast track’ o procedimiento legislativo especial para la paz permitiría al Congreso aprobar leyes en el menor tiempo posible (entre dos y tres meses) y el Acto Legislativo para la Paz le daría a Santos facultades especiales durante seis meses para implementar el acuerdo con las Farc.
Según el viceministro de Participación Popular del Ministerio del Interior, Luis Ernesto Gómez, el ‘fast track’ es un camino para simplificar el trámite de leyes como el proyecto de amnistía a los guerrilleros y las normas de participación política y reforma agraria.
El presidente Juan Manuel Santos ha dicho, en repetidas oportunidades, que este mecanismo es necesario para implementación rápida del acuerdo ya que, de demorarse, muchas personas estarían en riesgo.
Por eso confía en que la Corte Institucional defina el ‘fast track’ como válido. Si esta fórmula no resulta, el Congreso lo puede implementar de todas formas, «aunque vaya a tardar más».
