El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ordenó una investigación a Armando Benedetti por las denuncias de una posible intervención en contratos. El senador habría recibido cifras millonarias relacionadas con el escándalo del «carrusel de la educación» en el departamento de Córdoba.
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Benedetti, según una denuncia realizada por W Radio, habría intervenido en la asignación de un contrato junto a Fiduprevisora para brindar el servicio de salud a los docentes de Córdoba. Según la emisora, los contratos tendrían un costo de casi 5 billones de pesos.
La investigación de la Fiscalía se basa en un acuerdo de uno de los testigos claves en el caso, el abogado Álvaro Burgos. Este aseguró que había entregado más de $2000 millones a Benedetti en años anteriores, pagados por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, para poder aprobar el acuerdo.
La investigación a Armando Benedetti busca responder si el senador del Partido de la U fue responsable de los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
Martínez ofreció el principio de oportunidad a Burgos, condenado desde 2014 como uno de los «cerebros » del desfalco. Además, ordenó compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para poder desarrollar la investigación a Benedetti.