La Defensoría del Pueblo pidió este viernes a las autoridades colombianas que tomen medidas urgentes para proteger a la población civil frente a las acciones armadas que realizan disidentes de las Farc que formaban parte del Frente Primero y su compañía ‘Urías Cuellar’.
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Por esas acciones existe el riesgo de reclutamiento forzado, accidentes por minas antipersonal, extorsiones e intimidaciones en tres municipios del departamento del Vaupés, indicó el ente defensor en un comunicado.
Según la Defensoría, estos disidentes de las Farc «vulneran los derechos fundamentales a la vida, la libertad e integridad personal de la población civil de los municipios de Mitú, Carurú y Taraira y las áreas no municipalizadas de Papunahua, Yavaraté y Pacoa».
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El Frente Primero se declaró en disidencia al proceso de paz que el Gobierno desarrolla con las Farc y que ahora se encuentra en un limbo tras el rechazo al acuerdo en el plebiscito del pasado 2 de octubre.
Los líderes de las Farc se reunieron con los miembros del Frente Primero y cambiaron a sus comandantes, por lo que la mayor parte de esa unidad aceptó finalmente el acuerdo y enviaron un delegado a la Décima Conferencia Nacional Guerrillera en la que aprobaron el acuerdo de paz y la dejación de las armas.
Sin embargo, un pequeño grupo del Frente Primero abandonó las filas de las Farc y se mantuvo en armas.
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En este sentido, la Defensoría del Pueblo destacó que existe riesgo de desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones, reclutamiento de menores, instalación de minas antipersona que, unido a los retenes ilegales, afectan la libre movilización de comunidades indígenas y las labores diarias de cultivo.
También consideran factible que haya homicidios selectivos, hostigamientos y ataques armados, «uso de medios y métodos para generar terror en la población» e intensificar las intimidaciones y el control social para que las comunidades acaten las exigencias y pautas de conductas establecidas.
Por todo ello, solicitaron al Gobierno «y a las autoridades competentes» que adopten «eficaces medidas de prevención, protección y atención humanitaria de carácter integral».
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PUB/EFE/GS