Hace un par de días el expresidente, en representación del Centro Democrático, habló de las propuestas que le presentaron al Presidente Santos y en ellas se refiere a las penas privativas para los guerrilleros de la siguiente manera: “Insistimos en la reclusión efectiva, pena privativa de la libertad, entre 5 y 8 años, no obstante que sea en sitios alternativos como granjas agrícolas”.
“Ganó el ‘no’ y ese acuerdo ya no tiene validez jurídico. Acá estamos recuperando un aspecto que a nosotros nos parecía positivo”, dijo el representante Samuel Hoyos.
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Según Hoyos, lo que buscan es mejorar uno de los puntos que están pactados en el acuerdo con las Farc, que habla de conceder amnistía e indulto a miembros de la guerrilla que sean responsables de delitos políticos y conexos, pero excluyendo los crímenes atroces y de lesa humanidad.
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El representante recordó que el Centro Democrático fue el principal promotor del ‘no’ en el plebiscito y después de que esta opción ganara en las urnas los miembros del partido ha formulado una serie de propuestas frente a la negociación con las Farc, que, “sin pretender representar a todos los sectores que rechazaron los acuerdos, permiten orientar el diálogo hacia un consenso más amplio”. Pero, reconoció que es el Gobierno “quien tiene la facultad y el mandato para llevar a cabo la negociación en unos términos que sean aceptables para los colombianos”.
Ley de amnistía e indulto
Hoyos explicó que una de las propuestas planteadas, y que el expresidente Uribe reveló en días pasados, es la ley de amnistía e indulto para los miembros de las Farc que no sean responsables de crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra.
“Gran parte de la guerrillerada la integran jóvenes, muchos de ellos reclutados cuando niños, que deben tener la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y recibir un tratamiento benevolente, en la medida en que también son víctimas de la violencia”, manifestó el representante.
Si bien el acuerdo de paz plantea “otorgar amnistía e indulto de la manera más amplia posible”, y esta medida resulta razonable a los miembros del partido por ser un incentivo para los desmovilizados, ellos criticaron las penas que se les impondrían a los máximos responsables de crímenes atroces como tortura, masacres, genocidio, reclutamiento infantil, siembra de minas anti persona.
“Se había pactado que quien confesara oportunamente, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la comisión de crímenes de lesa humanidad, tendría una pena privativa de la libertad de entre 5 y 8 años que, en ningún caso, sería en condiciones de reclusión. Es decir, la pena podría ser la retención del pasaporte y la obligación de comparecer ante el tribunal periódicamente, mientras el condenado realizara acciones de reparación para las víctimas. Se había pactado una inaceptable simulación de justicia que buscaba aparentar el cumplimiento del Estatuto de Roma”, señaló el congresista.
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Por eso dice que en el nuevo acuerdo que surja del diálogo nacional que lidera el Presidente Santos debe plantear una reclusión efectiva (es decir en cárceles) entre 5 y 8 años, para los responsables de delitos de lesa humanidad.
“Para lograr una salida política, el Estado debe renunciar a la aplicación de sus criterios ordinarios de justicia penal, pero no puede garantizar impunidad, pues constituye un incentivo perverso a la violencia. Debe existir proporcionalidad entre la gravedad del delito cometido y la pena impuesta”, indicó.
Finalmente, Hoyos aseguró que con este proyecto de ley y con las propuestas del Centro Democrático ellos confirman, una vez más, su intención de contribuir con la paz. También exigió al Gobierno que no acabe con el cese bilaterar y a las Farc que dejen en libertad a los niños que reclutaron. “Hasta que esto no suceda, nada debería negociarse”, concluyó.
