El Ministerio de Educación aseguró que hay más de 180.000 estudiantes y 5900 profesores “fantasmas” en los colegios oficiales, luego de una extensa auditoría en algunas de las principales entidades territoriales del país.
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Según reveló la Ministra de Educación, Gina Parody, se encontraron 131.710 estudiantes inexistentes entre preescolar y grado 11, así como 50157 estudiantes de ciclos para adultos reportados a los sistemas de educación y cuya existencia fue incomprobable al hacer las auditorías respectivas.
Así mismo, se encontró que hay 5955 registros de docentes, directivos docentes y administrativos inexistentes de 184595 funcionarios auditados. Según estas cifras, aproximadamente 4 de cada 100 estudiantes y 3 de cada 100 profesores en los registros oficiales no existen.
Según Parody, el Gobierno no pagará los recursos correspondientes a estos maestros y estudiantes a las entidades territoriales, por lo que se ahorrarían unos 310.000 millones de pesos en transferencias y sueldos no entregados.
Las entidades que más casos de estudiantes inexistentes presentaron son Bogotá, Córdoba, Bolívar y Norte de Santander. Bogotá es también la entidad territorial con más docentes inexistentes, seguida por Medellín, Magdalena y Bolívar.
“El dinero que se destina para la educación de nuestros niños y jóvenes no es para hacer negocio, ni para lucrarse”, dijo la alta funcionaria.
‘Ser Pilo Paga’, en riesgo
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Parody también habló sobre la decisión del Consejo de Estado de incluir a un joven que no estaba inscrito oficialmente en el Sisbén al programa ‘Ser Pilo Paga’, bandera del Gobierno en educación superior.
“Ser Pilo Paga es un programa focalizado para los jóvenes más pobres que, de no ser por esa ayuda y por este empujón que les presta el Estado, no podrían entrar a la educación superior. Por eso tiene reglas muy claras”, aseguró.
Según la Ministra, si se cambian las reglas por órdenes judiciales, “se desconfigura completamente la vocación de este programa que ha sido planeado y planificado para ese gurpo vulnerable que necesita un empujón”.
Aunque se dará cumplimiento a la orden judicial, Parody pidió a los jueces que entiendan que la labor del programa se mantenga para la población en situación económica vulnerable.
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