El senador colombiano Juan Manuel Galán lamentó la «indignación» de algunos sectores del país por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que amplió la dosis mínima que pueden tener para su consumo los adictos a las drogas.
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«Algo que me causa sorpresa, y me refiero a ese grado de indignación de varios sectores de opinión, tiene que ver que no indigna igual el empleo de alcohol en nuestro país«, como el de drogas expresó Galán, quien impulsó la ley que legalizó el uso de la marihuana con fines medicinales y científicos.
A comienzos de semana, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo en un fallo que el porte de drogas para el consumo personal no será delito, así este supere la dosis mínima permitida en Colombia.
Puede ver: Cambios en dosis mínima de droga en Colombia
El tribunal explicó que 20 gramos de marihuana, que es la dosis permitida por la legislación colombiana, son insuficientes para algunos adictos, por lo que quienes porten cantidades superiores a la mínima no podrán ser llevadas a la justicia siempre y cuando demuestren que son consumidores.
Galán aseveró que el alcohol es uno de los grandes problemas que tiene Colombia y recordó que cifras del Estudio Nacional de Consumo de sustancias psicoactivas señalan que uno de cada cuatro jóvenes entre 11 y 18 años ingiere alcohol.
El senador del Partido Liberal también defendió la labor del Congreso que aprobó leyes para reconocer que la adicción a las drogas son enfermedad y que los adictos deben recibir tratamiento médico.
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El procurador general Alejandro Ordóñez, también terció en la polémica y dijo que la decisión de la Corte «incrementará aún más» el uso de sustancias alucinógenas.
Entre tanto, la Fiscalía señaló que el fallo de la Corte «es una decisión de avanzada conforme con la jurisprudencia universal» y subrayó que es «una sentencia moderna, consistente con una política criminal y de drogas racionales, que persiga a los grandes capos y no a las personas vulnerables que no hacen parte del negocio del narcotráfico».
La Fiscalía anualmente archiva unos 50.000 procesos relacionados con el porte de estupefacientes al considerar que no son delitos.
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